El Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado en su reunión de hoy un acuerdo por el que se autoriza la contratación del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual, por un valor estimado de hasta 111.100.438,80 euros.
El contrato con una duración inicial de 36 meses cuenta con un presupuesto base de licitación de 71.369.269,41 euros, que podría elevarse hasta los 111.100.438,80 euros (valor estimado del contrato), si se dieran las dos prórrogas anuales que serán posibles y con ellas, la duración máxima será de 60 meses.
Además, los nuevos pliegos contractuales incluyen diversas mejoras en los dispositivos, en el suministro, mantenimiento y almacenamiento. Se incrementa el número de dispositivos hasta un total de 17.660, se fija un stock mínimo de 2.000 dispositivos disponibles para instalación en 24 horas, acompañado de un sistema de información y control de stock a disposición de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
Se garantiza también el mantenimiento o sustitución de dispositivos en menos de 24 horas y se exige la reparación de cualquiera que se haya manipulado, roto o averiado en un máximo de tres meses.
Se han realizado además ajustes en las características para asegurar que los dispositivos sean tobilleras en vez de brazaletes, por su mayor dificultad de manipulación, con protección antivandálica, resistencia al agua, sensores de movimiento y temperatura corporal, y una tarjeta electrónica eSIM en cada dispositivo.
Asimismo, se añadirá un sistema de alerta de proximidad vía bluetooth entre el dispositivo del investigado, inculpado o condenado y la víctima.
Las tobilleras contarán con geoposicionamiento autónomo, baterías recargables de mayor capacidad, y mejoras en la seguridad criptográfica para garantizar que los dispositivos de víctima y agresor estén permanentemente relacionados.
El nuevo contrato incluye mejoras en la operación del servicio integral de seguimiento, con plan de transición, devolución al final del contrato, y nuevas funcionalidades para que el personal de la Sala Cometa tenga información completa a su alcance.
Se contará con un número 900 exclusivo para comunicación de las víctimas, y puestos de psicólogos para atención especializada.
Gracias a estas mejoras, se elaborará un sistema de seguimiento y control de calidad, con responsables coordinadores, personal especializado y mecanismos de control de stock y dispositivos.
El nuevo contrato refuerza el modelo de gobierno entre la empresa adjudicataria y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, garantizando seguimiento, registro de datos y controles de calidad.
