La próxima semana, Ceuta y Melilla celebrarán el 30 aniversario de la promulgación de sus Estatutos de Autonomía, un hito que completó el mapa autonómico del Estado español tras la Transición. El 14 de marzo de 1995, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó las leyes orgánicas que formalizaron el autogobierno de estas dos ciudades, tras su sanción por el rey Juan Carlos.
La descentralización del Estado, que comenzó en 1979 con la entrada en vigor de los estatutos de País Vasco y Cataluña, se fue ampliando a lo largo de los años a otras comunidades autónomas. No obstante, las autonomías de Ceuta y Melilla fueron el último paso de este proceso, tras un largo debate sobre si estas ciudades debían ser dotadas de un régimen de autonomía o continuar con un régimen local ordinario. Finalmente, se alcanzó un acuerdo que permitió que ambas entidades fueran reconocidas como "ciudades autónomas" con un Estatuto propio, una solución que fue impulsada principalmente por los principales partidos políticos, PSOE y PP.
Los estatutos de Ceuta y Melilla han sido el centro de varios debates políticos desde su creación, especialmente en lo que respecta al grado de autonomía que deben tener. En Melilla, está sobre la mesa una posible reforma que podría, incluso, transformar la ciudad en una comunidad autónoma. Sin embargo, esta propuesta no cuenta con un amplio apoyo, ya que PSOE y Vox han expresado su firme oposición, mientras que en Ceuta el debate sobre más autonomía no parece tener tanto peso, con el gobierno local mostrando dudas sobre la necesidad de una reforma de mayor alcance.
Aunque los partidos localistas de Ceuta, como Ceuta Ya!, siguen reclamando una mayor autonomía, el Gobierno de Juan Jesús Vivas se ha mostrado escéptico respecto a la viabilidad de convertir a Ceuta en una comunidad autónoma, argumentando que el actual régimen jurídico permite una presencia eficaz en los principales foros de cogobernanza, como la Conferencia de Presidentes.
A pesar de los desacuerdos políticos, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla continúan desempeñando un papel clave en la organización institucional del país, con una representación directa en las instancias de cooperación multilateral, y siguen siendo un tema de debate político crucial en el panorama autonómico español.
