Este 23 de julio se cumplen cuatro años desde que el Pleno de la Asamblea de Ceuta aprobara la declaración de persona non-grata al líder del partido de ultraderecha, Santiago Abascal. La decisión se tomó en un contexto de fuerte tensión social tras la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando su visita a la ciudad fue percibida como un intento de instrumentalizar la situación con fines partidistas y un discurso marcado por la xenofobia y el odio.
La propuesta fue impulsada por el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), que trasladó al Pleno una iniciativa para "poner freno" a lo que consideraban un peligro para la convivencia en Ceuta. La formación local denunció el uso político de una crisis humanitaria y la intención de "sembrar división entre los ceutíes", destacando que el objetivo de Abascal era "incendiar la ciudad" con su mensaje.
Según el MDyC, la actuación del líder ultraderechista durante aquellos días no fue casual, sino parte de una estrategia nacional para difundir su discurso del odio. Recuerdan que en 2021 se logró que distintas formaciones políticas se unieran para rechazar ese tipo de mensajes y proteger el tejido social de la ciudad autónoma. “Lo que hicimos fue no guardar silencio”, insisten.
Cuatro años después, el MDyC subraya que su compromiso sigue intacto: “A la ultraderecha se le rebate, se le debate y se le combate”, afirman, remarcando que esa tarea también forma parte de la construcción democrática. “Frenar el avance del extremismo es una forma de construir ciudad, y lo consideramos una obligación política y ética”, concluyen.
