El Gobierno central ya ha puesto en marcha el nuevo sistema para luchar contra la privación material de las familias desfavorecidas del que han recelado los bancos de alimentos. El denominado Fondo Social Europeo Plus (FES+) sustituye al ya finalizado programa europeo de ayuda a personas desfavorecidas FEAD. Los directivos de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) ya alertaron meses atrás de la incertidumbre que, a su juicio, se abre con la extinción del programa, una preocupación compartida por el presidente del banco ceutí, Pedro Mariscal.
El FES+ persigue los mismos objetivos que el FEAD pero con otros mecanismos. La Comisión Europea ofrece a los estados miembro la posibilidad de conceder la ayuda directamente en forma de alimentos o bien mediante «tarjetas monedero», destinadas a familias con hijos menores en situación de pobreza o extrema vulnerabilidad, que permitirán hacer compras en centros de alimentación por una cantidad limitada mensualmente. La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), adscrita a la cartera de Trabajo, y el Ministerio de Derechos Sociales han elegido esta segunda opción.
Una vez que el Gobierno ha habilitado ya las tarjetas monedero, que llegarán a 70.000 familias, son ahora los gobiernos autonómicos los que, en el ámbito de sus competencias, tienen la responsabilidad de identificar, valorar y derivar a las personas potenciales beneficiarias de este sistema, para poderles hacer llegar las tarjetas. Así lo establece el mandato que recibieron las comunidades autónomas en 2022, cuando la Comisión Europea aprobó este programa.
Las personas beneficiarias podrán acceder de manera directa a alimentos frescos y a alimentación infantil, así como a productos básicos de higiene (incluidos los de higiene femenina), un sistema que, según defiende el Gobierno, supone una mejora respecto al tipo de productos al que optan a través del reparto tradicional de alimentos.
Según el Gobierno, el sistema de tarjetas monedero va a complementar y reforzar los recursos que ya existen, como los ofrecidos por los servicios sociales de las comunidades autónomas o los bancos de alimentos, que continuarán recibiendo el resto de fondos públicos destinados a estos objetivos.
Este cambio de modelo para la aplicación del FSE+ fue aprobado de manera unánime por todas las comunidades autónomas en un Consejo Territorial de Servicios Sociales que se celebró hace ya más de dos años, el 15 diciembre de 2021. En ese Consejo se estableció que el sistema de tarjetas monedero debía comenzar en 2024, año en el que finalizaba el antiguo Programa FEAD. Por esa razón, el pasado 23 de enero, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto para que este modelo arrancase este año. El Gobierno pone en marcha este nuevo sistema de manera transitoria hasta el 31 de diciembre. A partir del 1 de enero de 2025 serán las comunidades autónomas las que gestionen el nuevo modelo en solitario.
Esta puesta en marcha se ha activado a través de Cruz Roja Española, que ha promovido una licitación pública a la que han accedido siete cadenas de supermercados: Carrefour, Alcampo, Eroski-Caprabo, Spar Gran Canaria, Más y Más, Alimerka y Dinosol. Las tarjetas monedero, por tanto, podrán usarse en estos supermercados ya que todos ellos cumplen los requisitos fijados por el Real Decreto y por el Programa Básico. Uno de estos requisitos es que estos establecimientos dispongan de un sistema que permita facilitar las tarjetas y excluir productos no elegibles en caja, ya que el tipo de productos al que se puede acceder incluye únicamente los considerados de primera necesidad, tal y como señala el programa europeo. Por ejemplo, con estas tarjetas no se podrán comprar alimentos ultraprocesados o bebidas alcohólicas.
Las tarjetas monedero buscan ofrecer una mayor cuantía económica a las familias beneficiarias en comparación con el anterior modelo. De este modo, y con arreglo al número de miembros que formen la unidad familiar, las tarjetas monedero tendrán una dotación económica de entre 130 y 220 euros mensuales. Además, este nuevo sistema persigue evitar la estigmatización social que sufren a menudo las familias más vulnerables, aplicando para ello un mecanismo que ya funciona con éxito en otros países europeos, según explican fuentes del ejecutivo.
