El Consejo de Ministras y Ministros, a propuesta de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, que se celebra cada 17 de mayo desde 2004. El Gobierno reitera así su compromiso con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ y la defensa de sus derechos tanto a nivel nacional como internacional.
El texto recuerda que España es un referente en derechos LGTBI, tal y como marcan diferentes estudios y encuestas y que “goza de un amplio crédito como país y sociedad respetuosa y comprometida con la inclusión, la diversidad y la tolerancia”. De esta forma se reconoce el avance que supuso para España, por ejemplo, la aprobación de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, junto al desarrollo de otras políticas públicas como la puesta en marcha del Servicio 028 Arcoíris de información y atención integral en derechos LGTBI.
La declaración también señala datos alarmantes que ponen de manifiesto la necesidad de seguir luchando por los derechos de las personas LGTBI+. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), según datos de 2024, señala que dos de cada tres personas LGTBI+ consideran que los prejuicios y la intolerancia hacia el colectivo se han incrementado en los últimos años y tres de cada cuatro perciben que ha aumentado la violencia. Asimismo, se recoge el incremento de los discursos de odio contra los colectivos, especialmente a través de internet y de las redes sociales. Según ILGA Europe, el discurso de odio online anti-LGTBI creció en España un 130 % entre 2019 y 2022, dirigiéndose fundamentalmente hacia las personas trans.
A esto se une que, según el Ministerio del Interior, los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género han aumentado un 1,15 % respecto a 2023 y un 15 % respecto a 2022. En la actualidad suponen el 27,57 % del total de delitos de odio registrados en España, siendo la segunda causa tras los delitos por motivos racistas o xenófobos. El texto asegura que estos datos “son sólo la punta del iceberg de las violencias LGTBIfóbicas”, ya que muchos casos no llegan a denunciarse. La FRA señala que el 12 % de personas LGTBI+ en España han sido agredidas física o sexualmente en los últimos cinco años, cifra que asciende al 27 % en mujeres trans y al 32 % en personas intersex. Además, sólo el 14 % de las personas agredidas presentaron denuncia.
En el ámbito laboral, se destaca que sólo el 32 % de las personas LGTBI+ muestran abiertamente su orientación sexual o identidad de género en el trabajo, mientras que un 20 % lo oculta por completo. Además, un estudio de la OCDE indica que las personas LGTBI+ tienen un 7 % menos de posibilidades de encontrar empleo, unos ingresos medios un 4 % más bajos y un 11 % menos de probabilidades de ocupar puestos directivos.
El texto también recoge que en España los avances normativos han ido acompañados de políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a la información y la atención integral a las víctimas de violencia y discriminación. Se destaca la aprobación de la Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI (2025-2028) y la Estrategia para la inclusión social de las personas trans (2025-2028), así como la herramienta Huella del Odio y Polarización (HODIO) para analizar contenidos de odio en redes sociales.
Finalmente, el Gobierno reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las personas LGTBI+ tanto a nivel nacional como internacional. También recuerda que en más de 60 países siguen existiendo legislaciones punitivas contra este colectivo, algunas de ellas con pena de muerte. Además, el 17,29 % de las concesiones de asilo otorgadas en España en 2025 estuvieron relacionadas con motivos vinculados a la orientación sexual, identidad o expresión de género. El texto concluye destacando que España continuará trabajando para avanzar en la erradicación de la discriminación y la violencia, especialmente ahora que lidera el Rainbow Map de ILGA-Europe, clasificación que evalúa las políticas y legislaciones de 49 países europeos en materia de derechos LGTBI+.
