Latifa Yel-Lul muestra los avisos de corte de los suministros de luz y agua/ ANTONIO SEMPERE
Los edificios que flanquean la calle Alcalde García de la Torre ofrecen al viandante que camina bajo su cobijo una apariencia de solidez, inspirada por la simplicidad de sus fachadas. Sólo la ropa extendida a secar en las ventanas quiebra la verticalidad de esta arquitectura sobria puesta al servicio de la construcción de viviendas de protección oficial.
Las farolas iluminan pobremente esta calle de la barriada de Los Rosales. Cae la tarde, y la puerta de hierro que custodia el portal número 2 se abre a una profunda tiniebla. Los impagos de la comunidad de vecinos han dejado sin luz las zonas comunes del inmueble. El ascensor hace años que dejó de funcionar.
La penumbra se prolonga a muchas de las viviendas del edificio. “Hay 28 casas, y calculo que al menos una decena tiene problemas continuados para pagar la luz y el agua; yo misma tengo un aviso de corte de la empresa de alumbrado”, explica Meriem Abdelhuaed Said, una joven vecina.
La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) considera que una familia se halla en situación de pobreza energética cuando es incapaz de afrontar el coste de la energía que necesita para satisfacer sus necesidades domésticas o cuando el volumen de esta factura resulta desproporcionadamente alto respecto de sus ingresos. Según la ACA, cinco millones de españoles pueden ser considerados personas en situación de pobreza energética, un mal social que se relaciona con unas 7.000 muertes al año en el país.
La oscuridad que se cierne sobre el edificio de Alcalde García de la Torre obliga a subir con cautela las escaleras. Los vecinos que descienden hacia la calle saludan a quienes ascienden en la confianza de conocer a su interlocutor en el tono y la inflexión de la voz. “Aquí vive un hombre enfermo de cáncer que tres veces a la semana viaja a Algeciras para seguir un tratamiento de radioterapia. Cuando vuelve, tiene que pedir la ayuda de los vecinos para que lo suban hasta su casa. Así están las cosas”, se lamenta Meriem.
El grupo parlamentario de Caballas denunciaba esta misma semana la ausencia de un protocolo que permitiera a los servicios sociales de la Ciudad conocer de antemano las interrupciones del suministro eléctrico programadas por la Empresa de Alumbrado en los domicilios de las familias socialmente más vulnerables. Un día más tarde, el Gobierno local aseguraba que existe un acuerdo verbal con la empresa que garantiza que no se prive de luz eléctrica a quien no pueda pagarla. Según el portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, la Ciudad ha abonado 600 facturas que otras tantas familias ceutíes habían dejado de pagar por falta de ingresos.
A la luz breve de un teléfono móvil, Meriem se sorprende ante las cifras oficiales. La joven es presidenta de la asociación “Parados solidarios activos” y promotora de una campaña de protestas en defensa de la integración laboral de los desempleados ceutíes. “No creo que el problema de la pobreza energética afecte sólo a 600 ceutíes. Cuando empezamos con la asociación, reunimos a unas 270 personas y yo, al menos, no conocía a ninguna a la que se le hubiese pagado la luz o el agua”, asegura.
La hija del cabo
Yel-Lul Ben Embar Caseri se vio enfangado en batallas ajenas como cabo de las Fuerzas Regulares Indígenas durante la Guerra Civil. Establecido en Ceuta, sus esfuerzos al servicio de las tropas franquistas fueron premiados a su jubilación con una paga del estado español. Su viuda continuó recibiendo una pensión que, no sin estrecheces, constituyó durante años el sustento básico de su hija y nietos.
La hija del cabo, Latifa Yel-Lul Caseri, vive en el tercer piso de este edificio de protección oficial al que se mudó hace tres lustros. La mujer, de 58 años, comparte la vivienda con sus tres hijos veinteañeros, su yerno y un nieto de 8 meses.
La adjudicación de su nueva casa de Alcalde García de la Torre representó una notable mejora en las condiciones de vida de la familia, cuyos miembros habían ocupado hasta entonces una modesta vivienda en Las Caracolas.
“Cuando mi madre murió hace cinco años, las cosas empezaron a ir mal”, recuerda Latifa. La familia se vio privada de los ingresos que aportaba la anciana y, desde entonces, hasta el gasto más básico para garantizarse una vida digna se hizo inabordable.
Sobre la vivienda de Latifa pesa un aviso de suspensión de los suministros de luz y agua que se ejecutará en apenas una semana. La mujer ha dejado de abonar los 63 euros de la hipoteca y hace tiempo que no puede hacer frente al plan de pago que la empresa Aguas de Ceuta diseñó para que saldara sus deudas. Latifa consigue, de tiempo en tiempo, un empleo efímero en la economía sumergida para limpiar en algún domicilio privado.
Su última esperanza es que la administración local dé el visto bueno a su solicitud para recibir la prestación del Ingreso Mínimo de Inserción Social (IMIS).
