La Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial ha sido convocada a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas por la delegación del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), representada por destacados eurodiputados como Concepción Gamarra, Esteban González-Pons, Dolors Montserrat, Maravillas Abadía, Juan Ignacio Zoido y Javier Zarzalejos.
El objetivo principal de este encuentro ha sido la presentación de una propuesta de Directiva Europea impulsada por el PPE, orientada a reforzar la protección laboral y a reconocer oficialmente como profesiones de riesgo a diversos colectivos clave para la seguridad de la Unión Europea. Entre los grupos profesionales incluidos en esta iniciativa se encuentran los agentes de policía, los militares, los funcionarios de seguridad de prisiones y los agentes operativos de aduanas y fronteras.
La propuesta legislativa pretende establecer un marco común europeo que garantice derechos laborales, protección social y reconocimiento normativo a estos profesionales, considerados esenciales para la seguridad pública y la defensa europea.
Reconocimiento de riesgos excepcionales
Las profesiones de seguridad afrontan riesgos crecientes y excepcionales, derivados del aumento de la criminalidad organizada, el terrorismo, los conflictos violentos y las nuevas amenazas híbridas. Estos profesionales son cada vez con mayor frecuencia objetivo directo de agresiones, lo que pone en peligro su integridad física y su vida, haciendo imprescindible un reconocimiento jurídico específico a nivel europeo.
Desigualdades entre Estados miembros
En la actualidad existen importantes desigualdades entre los Estados miembros en el reconocimiento de estas profesiones como trabajos de riesgo y en la protección laboral asociada. Estas diferencias afectan a aspectos clave como:
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La catalogación legal de la profesión como de riesgo.
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El acceso a la jubilación anticipada.
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Las condiciones de asistencia médica, psicológica y social.
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La reducción de la jornada laboral.
La Directiva propone una armonización mínima de derechos laborales, garantizando un suelo común de protecciónen toda la Unión Europea.
Medidas de protección y derechos laborales
Entre las principales medidas contempladas destacan:
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Compensaciones económicas por el desempeño de funciones en condiciones de riesgo.
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Reducción de la edad de jubilación sin merma en los derechos de pensión.
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Reducción de la jornada laboral y medidas efectivas de conciliación familiar y profesional.
Asistencia médica y psicológica
La propuesta subraya la necesidad de garantizar:
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Acceso inmediato a atención médica durante y después del servicio.
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Programas específicos de prevención para la salud física y mental.
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Asistencia psicológica especializada, extensiva también a las familias de los profesionales afectados.
Protección pública y jurídica
La Directiva refuerza la obligación de las autoridades públicas de:
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Garantizar condiciones de trabajo seguras, dignas y adecuadas.
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Proporcionar asistencia legal gratuita en casos de agresiones sufridas en acto de servicio.
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Asegurar la protección jurídica en los procedimientos judiciales derivados de su actividad profesional.
Formación y prevención de riesgos laborales
Se reconoce la formación como herramienta clave de prevención, estableciendo:
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Formación continua y especializada, adaptada a los riesgos reales del puesto.
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Supervisión de la calidad formativa.
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Implantación de planes específicos de prevención de riesgos laborales.
Datos, seguimiento y transparencia
La propuesta contempla mecanismos de control y evaluación, entre ellos:
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Recopilación trimestral de datos sobre agresiones y accidentes laborales.
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Informes bianuales a la Comisión Europea sobre la aplicación de la Directiva.
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Garantía de transparencia y acceso público a la información.
Cláusula de no regresión
Finalmente, la Directiva incorpora una cláusula de no regresión, que impide la reducción de derechos laborales ya existentes y permite a los Estados miembros adoptar medidas más favorables, asegurando la coherencia con el acervo comunitario.
Desde la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial se valora muy positivamente esta iniciativa, que, de culminar su tramitación y convertirse en Directiva Europea, supondría un avance histórico en los derechos sociolaborales de los colectivos que garantizan la seguridad y la convivencia democrática en Europa.
