Sucesos/Tribunales

prevaricación administrativa

El Fiscal solicita diez años de inhabilitación para Mirchandani y Jaramillo y sus defensas, la absolución

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photo_camera Imagen de la celebración del juicio / A.C.

El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones finales, ha solicitado diez años de inhabilitación para empleo y cargo público y para sufragio pasivo para el exconsejero de Festejos, Premi Mirchandani, y para  su viceconsejero, Salvador Jaramillo, en el juicio celebrado este miércoles en el Juzgado de lo Penal 2. Las defensas de los acusados han pedido la libre absolución de sus patrocinados.

Los citados han acudido como acusados por una presunta prevaricación administrativa por la compra de nueve carrozas en el año 2012 para la cabalgata de Reyes por un montante económico de 85.600 euros. Tras el juicio celebrado este miércoles, el caso ha quedado visto para sentencia.

El Ministerio Público ha centrado todos sus razonamientos durante la sesión en tres pilares básicos: el procedimiento utilizado para la contratación, uno negociado sin publicidad por motivos artísticos, la inexistencia de un decreto de adjudicación a la mercantil a Artesanía Beltrán, que es la empresa a la que se le contrató la construcción de los elementos para las carrozas, y la falta de consignación presupuestaria para la adquisición.

Las defensas de los acusados han elaborado un informe en el que ha desmotando toda las tesis del Fiscal. Así, en base a los testimonios oídos en Sala, han dejado claro que el procedimiento usado para la contratación es totalmente legal, y que, además, está contemplado en la legislación vigente. Algo que ha sido ratificado en sus declaraciones como testigos tanto la secretaria general, María Dolores Pastilla, y el interventor, José María Caminero. También han explicado que ha quedado probada la existencia de consignación presupuestaria, ya que en octubre se aprobó por unanimidad, por motivo de urgencia, una dotación de más de 85.000 euros para este fin por parte del Consejo de Gobierno.

Las defensas han reconocido que el contrato se hizo de manera verbal, algo que al entender de los abogados de Premi y Jaramillo, se contempla en la ley. Es por lo que, como sostenía el Fiscal, no existe decreto de adjudicación a la mercantil.

En su declaración, Salvador Jaramillo, ha manifestado que en el mes de julio contactó con la empresa artesanal para solicitarle información de los adornos para las carrozas de la cabalgata de Reyes, después de haber visto las que la mercantil realizó para la de Madrid.

Con anterioridad, dijo Jaramillo, la Ciudad alquilaba estos servicios a una empresa de Cádiz, por lo que se pagaba al año, por las ornamentaciones de las carrozas para los desfiles de Reyes, Carnavales, y Fiestas Patronales, un montante de 90.000 euros. El contrato de alquiler era para adornos de seis carrozas, mientras que la compra de los elementos a esta empresa suponía un coste de 85.600 euros. La diferencia existe en que la adquisición contemplaba los adornos para nueve carrozas, lo que suponía una rebaja en el coste y, además, al ser de propiedad los elementos se usarían, como así han demostrado, para otros desfiles.

En idénticos términos declaró el exconsejero, Premi Mirchandani, que dijo que una vez que se obtuvo la información se comenzaron los trámites para la formalización de la documentación para la adjuntarla al expediente para el procedimiento, que se envió al departamento de Contratación el 21 de agosto de 2012.

Ese expediente contemplaba un informe del técnico de la Administración General en que se decía que en este caso se iba utilizar el procedimiento de adjudicación directa sin publicidad

Los meses fueron pasando y la Consejería de Festejos no recibía contestación al expediente, por lo que Mirchandani se dirigió a la Consejería de Hacienda para tratar de conocer la situación del mismo. La sorpresa salta cuando se dice por parte de esta Consejería que no se podía seguir con el procedimiento. Hecho que queda constatado en un escrito que el consejero de Hacienda envía al de Festejos.

Ante esta circunstancia, los expolíticos se vieron en la tesitura de tener que buscar una solución porque ya no tenían tiempo para alquilar los adornos para las carrozas, ya que las bateas son de propiedad municipal, y las fechas se echaban encima.

Así las cosas y tras solucionar el problema de la falta de consignación, que se acordó como se ha citado en octubre, se siguió adelante con las gestiones.

Mirchandani ha dejado claro en la sesión que habló con la mercantil para el cierre de la operación después de que el Consejo de Gobierno le dotase económicamente la operación, ya que su consejería lo único que hace es plantear la necesidad de la compra, algo para lo que contaba con informes. El resto del proceso se hace en Contratación.

El mayor misterio que no ha quedado desvelado ha sido el motivo por el que se envía el expediente en agosto de 2012 y no se tienen noticias hasta el 6 de noviembre.

Ni el interventor, ni la secretaria general ni el técnico han podido desvelar que pasó, algo que aprovecharon las defesas en sus argumentaciones.

Tampoco ha quedado claro que después de haber dotado el Consejo de Gobierno la cantidad para la compra en octubre de 2012, las facturas no se pagaran hasta 2014. Según el  interventor, lo que sucedió es que en un principio no había presupuesto en la partida que se quería asignar, aunque posteriormente se dotó y el expediente, según dijo Caminero, no se concluyó hasta el abono de las cantidades adeudadas, que fueron liberadas en concepto de gasto a futuro.

Las defensas y los acusados han mantenido en todo momento que la urgencia era porque había que realizar la cabalgata de Reyes, que el evento más importante del año.

Además de eso, las defensas explicaron que más que reprochar penalmente la actuación habría que reconocer el ahorro para las arcas municipales y el beneficio para el ciudadano, que no se ha visto perjudicado con la actuación.

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