El caso penal abierto por la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación continuada contra la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, por la expulsión de los menores marroquíes durante el verano del pasado año ha vivido este miércoles un nuevo capítulo en el Juzgado de Instrucción número 2 que se tercia “determinante”, como afirman algunas de las partes involucradas. Físicamente, han pasado por las dependencias judiciales, tanto el abogado de Mateos, como el secretario de la institución de la plaza de los Reyes, Ismael Kasrou, citado por el Ministerio Fiscal. También ha instancias de este último, ha tenido que declarar- aunque lo ha hecho por vía telemática- la abogada del Estado, Zaida Fernández. Su testifical será clave para el desarrollo del procedimiento.
Fernández deberá corroborar las declaraciones vertidas el pasado octubre por Mateos-y que no se han conocido hasta el día de hoy-, a través de las que reconocía que recibió de la letrada un informe “verbal” por el que le advertía que el procedimiento escogido no actuaba conforme a la legislación. Es decir, la extitular de Delegación afirmó que actuó con conocimiento de causa y, por tanto, habría incurrido en ese delito de prevaricación por el que está siendo investigada. “Si corrobora la versión, la Fiscalía ya tiene todos los instrumentos necesarios para actuar”, ha declarado la acusación particular.
Sin embargo, si Fernández contradice la declaración de Mateos, y afirma que respaldó la ejecución de las repatriaciones, el proceso penal difícilmente podría concluir con la vista oral de la exdelegada, que quedaría prácticamente exonerada.
En el mismo sentido, también será crucial la versión aportada por Kasrou, quien además de secretario general es asesor jurídico de Delegación el Gobierno, y estuvo presente en la reunión mantenido a pie de frontera entre las autoridades españoles y marroquíes en la que se diseñó el plan para efectuar las devoluciones.
