Mateos responsabiliza al Gobierno de Sánchez por la devolución de los menores

La delegada del Gobierno, imputada por prevaricación por la repatriación de medio centenar de jóvenes, afirmó en su declaraciones de diciembre ante la Fiscalía que "lo decidió el Gobierno". Regresará a los juzgados como investigada el próximo 7 de septiembre.

 

Salvadora Mateos juzgado

La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, responsabilizó al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la Fiscalía de la polémica repatriación a Marruecos de los menores que entraron de forma masiva en mayo de 2021. Estas acusaciones, a las que ha tenido acceso íntegro El Confidencial, se produjeron el pasado diciembre cuando Mateos acudía a los juzgados en la fase previa de declaraciones como “sospechosa”. La Fiscalía elevó sus pesquisas a un Juzgado de la Ciudad, que ha imputado a la delegada por un presunto delito de prevaricación, y por el que volverá a los juzgados el próximo 7 de septiembre, ahora en calidad de “investigada”, como también lo hará la consejera de Presidencia, Mabel Deu, una semana antes.

Según publica el citado diario, durante su declaración el tono general de sus explicaciones denotaba la ausencia de información con la que trabajaron esos días, la poca colaboración de Marruecos, la implicación del Ministerio del Interior y el Gobierno central o el aviso de la responsable de Menores de Ceuta, que advirtió de que el procedimiento que iban a usar para devolver a los jóvenes no era el adecuado.

“Las devoluciones de los menores la acordó el Gobierno de España en contacto con el Gobierno de Marruecos”, dijo nada más comenzar Salvadora Mateos ante la Fiscalía cuando compareció el 13 de diciembre bajo la defensa de la Abogacía del Estado. Según contó, desde que se produjo la entrada de masiva mantuvo contacto permanente con Isabel Valdecabras, la jefa de gabinete de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Tras la remodelación de julio de 2021, en la que Calvo dejó el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Valdecabras fue recolocada al frente de la Fábrica de Moneda y Timbre. Salvadora Mateos también relató sus contactos con el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, que en ese momento era Iván Redondo.

El Ministerio de Justicia o el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, eran otros de los interlocutores habituales aquellos meses. Según consta en el acta de su declaración, “la Secretaría de Estado de Seguridad le comunica que se ha llegado a ese acuerdo y le comunican cómo se va a ejecutar el acuerdo. Que se lo comunica dicha Secretaría por escrito”. Esa comunicación se produjo el 12 de agosto, el día anterior a empezar la repatriación.

 

 

Devoluciones y denuncias

El origen de esta investigación se remonta a los días 17 y 18 de mayo de 2021. Más de 10.000 personas entraron a Ceuta desde Marruecos sin oposición de las autoridades magrebíes. Entre ellos, había algo más de un millar de menores de edad. La ciudad se vio desbordada, con jóvenes vagando por las calles o apilados en condiciones lamentables en pabellones. La opinión pública se vio sorprendida el viernes 13 de agosto de 2021, cuando las autoridades españolas y marroquíes iniciaron un plan de devolución de menores en la frontera. Las ONG pusieron el grito en el cielo y acudieron a los tribunales para paralizar la operación. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, y la Asociación para el Desarrollo Integral L'Escola AC ejercen actualmente la acusación en este caso.

El recorrido judicial de este caso ha tenido dos caminos principales. El más avanzado es el que se inició por la vía contencioso-administrativa. Estudió los recursos presentados contra la decisión de devolver a los menores y concluyó el pasado junio con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Zanjaba que las autoridades pusieron en peligro a los menores: "La actuación exenta de las mínimas garantías conjuró una situación de riesgo para la integridad física y moral". Los jueces de la máxima instancia judicial andaluza avalaban así la decisión del Juzgado de guardia de Ceuta de parar las devoluciones en cuanto hubo sospechas de su ilegalidad.

Por otro lado, varias ONG y la propia Fiscalía iniciaron otro recorrido judicial, en este caso por la vía penal, que es el que de momento mantiene imputada a la delegada del Gobierno, que depende del Ejecutivo central. Las pesquisas dieron lugar a una denuncia del fiscal, que ha provocado una investigación en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la ciudad.

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