La Fiscalía continúa “estudiando” si cabe prevaricación administrativa en las actuaciones cometidas por la delegada del Gobierno el pasado agosto cuando autorizó la repatriación de 55 menores marroquíes llegados a la ciudad durante la crisis de mayo. El pasado 13 de diciembre Salvadora Mateos era llamada ante la Justicia para contar su versión en calidad de investigada. Varios días antes lo hacían, en su caso como testigos, el secretario general de la Delegación, Ismael Kasrou, y la consejera de Presidencia del Ejecutivo local, Mabel Deu.
Desde entonces El proceso está activo. Las diligencias se mantienen abiertas y no hay nada decidido. Sin embargo, la línea de la investigación podría verse alterada con los las últimas resoluciones judiciales al respecto. Concretamente, la sentencia emitida el pasado jueves por el Contencioso-Administrativo número 1 por la que condena a la institución de la plaza de los Reyes a “adoptar las medidas necesarias” para conseguir el retorno de 20 de los 55 niños. Y que, ahora, el Ministerio Público estudia al detalle antes adoptar una postura definitiva.
Según fuentes judiciales, la resolución del magistrado “va a influir” y “se tendrá en cuenta” en la decisión que adopte la Fiscalía que, tras tener conocimiento, dilata su investigación y se fija el plazo de dos semanas para pronunciarse.
En caso de que hallase indicios suficientes de delito en la actuación de la delegada, tendría que judicializar su investigación. El Código Penal castiga con penas de inhabilitación para cargo público la prevaricación administrativa, es decir, la toma de decisiones a sabiendas de que son injustas.
Las diligencias incoadas son el resultado de la denuncia presentada ante la Fiscalía de Menores de Granada por 'L'Escola A.C Asociación Internacional para el desarrollo integral de las personas'
Una actuación que se enmarcada dentro de las pesquisas por la decisión del Ejecutivo de repatriar a los menores que llegaron masivamente de Marruecos. Operación que dio comienzo el 13 de agosto y que se saldó con la devolución de 55 niños.
La Secretaría de Estado de Seguridad “rogó” el 10 de agosto en un correo electrónico dirigido a Kasrou que se iniciase cuanto antes la repatriación de menores marroquíes no acompañados acogidos en Ceuta en base al Acuerdo sobre Cooperación en el Ámbito de la Prevención de la Emigración Ilegal de Menores No Acompañados, su Protección y su retorno concertado de 2007 y sin ceñirse a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Extranjería.
Dicha norma establece que la delegada es la competente en Ceuta para “llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación de un menor extranjero no acompañado” previa solicitud de informes tanto a la entidad que tenga atribuida su guarda, custodia o tutela como al país de origen, requisitos que no se cumplieron durante las expulsiones ejecutadas entre el 13 y el 16 de agosto, cuando la Justicia ordenó su paralización.
La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta concluyó que “ni se ha incoado expediente administrativo, ni se ha dictado resolución alguna en relación a la repatriación de los menores”, a pesar de que el propio pacto bilateral entre Estados estipula que las autoridades españolas debían obrar “con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño”.
Juzgado que volvía a pronunciarse, nuevamente, el pasado viernes en base a los recursos interpuestos en representación de 20 menores marroquíes por la Fundación Raíces y la Asociación Coordinadora de Barrios. En la sentencia, su titular, no solo reincidía en lo recogido por la anterior sentencia, sino que era tajante sobre la actuación de Delegación del Gobierno.
“No es que se haya omitido alguno de los trámites del procedimiento, es que se han omitido todos, ya que ni ha existido incoación de procedimiento, ni petición de informes, ni fase de alegaciones, ni trámite de audiencia, ni fase de prueba, ni siquiera resolución acordando la repatriación de los menores, es decir, no existe traza alguna de expediente de repatriación”, considera el juez.
Con su resolución, además de obligar a la institución que dirige Mateos a “adoptar las medidas necesarias” para conseguir el retorno de 20 de los 55 menores devueltos, la condena en costas. Aunque abre la posibilidad de presentar recurso en el plazo de quince días hábiles ante el TSJA. De momento, desde Delegación no se han pronunciado, mientras que en el Ejecutivo local si deslizaban la opción del recurso.
