La repetición del juicio por el crimen de Parques de Ceuta ha concluido. El jurado decidirá en las próximas horas y anunciará su decisión previsiblemente este jueves. Acusación particular y Fiscalía piden para el acusado, el policía local Alonso Miguel G.D., entre 37 y 42 años por cinco delitos, incluidos asesinato, lesiones comunes, psicológicas, malos tratos y un tipo contra la integridad moral.
Por su parte, la defensa argumentó en favor de la libre absolución de su cliente y, en caso de no ser posible, de una condena reducida con importantes atenuantes relacionados con la salud mental, la dilación del proceso judicial y la colaboración con la justicia.
Sorpresa: Fiscalía acepta un atenuante psiquiátrico leve
La última sesión del juicio comenzó con la exhibición de un recorrido visual tridimensional por la casa donde se produjo el presunto asesinato de Mari Ángeles Lozano el pasado 14 de marzo de 2022.
Seguidamente, las partes pasaron a modificar sus conclusiones. Fiscalía añadió dolo eventual en el cargo de asesinato. También introdujo agravantes en el delito de lesiones y aceptó, sorpresivamente, un atenuante leve por enfermedad mental, pero siempre negando que el hombre tuviera las capacidades afectadas en el momento de los hechos.
Por su parte, el abogado de la acusación particular, Javier Cabillas, añadió la alevosía al cargo de asesinato. Incluyó además agravantes de género.
La defensa, ejercida por Inmaculada Güil, elevó a definitivas sus conclusiones, solicitando en su informe la eximente completa de alteración física, la atenuante de dilación indebida y la de colaboración con la justicia como muy cualificada.
Fiscalía y acusación: Cinco delitos y penas elevadas por agravantes
El Ministerio Fiscal abrió el turno de informes finales. Lo hizo recordando su objetividad: “ni ganamos ni perdemos juicios”, recalcaron en su introducción, para luego argumentar su petición de 37 años para Alonso Miguel G.D.
Para las fiscales María Arazuri y Silvia Rojas, la declaración de la hija pesa como testigo principal. “Vio y nos contó lo que ahí había pasado siempre igual”, aseveraron, subrayando lo verosímil de su testimonio, apuntando a su padre como maltratador y asesino, apoyado además por “pruebas periféricas”.
El relato de la niña constituyó la base del informe de la Fiscalía también por su persistencia, por haber mantenido la narración desde su primera declaración en la casa el 14 de marzo de 2022, hasta luego el mismo día en la comisaría o ante la médica, al día siguiente en el Juzgado y años después durante las dos vistas.
Arazuri rebatió las supuestas contradicciones en el testimonio de la niña que quiere ver la defensa del acusado y destacó la existencia de “corroboraciones periféricas”. Por ejemplo que acudiera a casa de su tío diciendo que su padre había disparado a su madre, entre otras rápidas conversaciones que se produjeron en el día, algunas telefónicas que están grabadas y coinciden en el mismo sentido. El de Alonso Miguel G.D. como verdugo de Mari Ángeles Lozano: “¿Qué te he hecho después de 20 años?” o “¿la he matado?”, llegó a decir el hombre a o en presencia de los agentes que se desplazaron al domicilio de Parques de Ceuta.
“El acusado puede cambiar de versión cuantas veces quiera y no nos ha dejado preguntarle”, prosiguió el Ministerio Fiscal su exposición, pasando a analizar el testimonio del policía local. Una narración que no aprecian creíble, ya de primeras por considerar él mismo normal entrar en una cocina en plena discusión con el arma con una bala en la recámara lista para disparar.
Tampoco ven visos de realidad en que la niña pudiera quitarle el arma o tirarle al suelo, siendo él una persona fuerte y deportista. Lo mismo pasa con la hipótesis de un supuesto error en el uso del arma, cuando Alonso Miguel G.D. era un tirador experto y una persona cuidadosa con su pistola.
Recalcaron además las fiscales que el acusado tardó cuatro meses en cocinar la versión que señalaba a su hija como autora. Ya avalada entonces por las periciales de Planelles y Cabrera: “No todo el mundo puede saber de todo (…) en el informe de Cabrera hace un análisis total de las pruebas, que han borrado las huellas del arma, que no había maltrato, que el brazo estaba en posición de lucha”, afearon sobre el onminisciente informe del doctor televisivo.
En la línea, consideran el análisis del disparo de Planelles “completamente subjetivo”, sin tener en cuenta que la bala atraviesa un cuerpo. Un informe que a su juicio tergiversa pruebas de peritos independientes y parte de elucubraciones que nada tienen de comprobado: “Todo son hipótesis”, señaló Arazuri, recordando cómo los peritos policiales han ido desmontando suposiciones de las celebridades contratadas por la defensa.
Fiscalía introdujo seguidamente el concepto de dolo eventual, por ser el acusado un Policía Local que sabe manipular el arma, un elemento “de riesgo absoluto que no puede ser introducido en una cocina”: “Eso nunca puede ser un accidente”, subrayaron las representantes del Ministerio Público respecto a las circunstancias del crimen.
Continuaron señalando numerosas contradicciones en su testimonio, como el hecho de que dijera que iba a casa a tomar un paracetamol. Medicamento que tenía en la taquilla del trabajo y que luego no tomó: “Fue a esperar a su mujer”, apuntó Arazuri, que considera que el hombre sabía que Lozano ya le había solicitado el divorcio, como indica una conversación previa de la fallecida con el psiquiatra o que el acusado estuviera durmiendo en el sofá desde hacía días.
“La muerte de Mari Ángeles se produjo en un espacio muy reducido, en una zona sin capacidad de defensa mientras suplicaban al tirador que no lo hiciera”, prosiguieron las fiscales, que añadieron explicación sobre el delito de maltrato habitual, el tipo contra la dignidad y otro de lesiones psíquicas. Este último apuntalado en el testimonio de la psicóloga y el médico forense que aprecian secuelas permanentes e irreversibles en la joven. “Él acusado sabía que la niña estaba en el domicilio. Con esa actuación se presenta como altamente probable que la salud mental de esa víctima se pueda ver afectada”, añadió el Ministerio Público, que considera que la muchacha creció “viendo violencia en su domicilio”.
Fiscalía interesó agravante de parentesco en el delito de asesinato, en el de lesiones comunes, psíquicas, el de maltrato habitual y el tipo contra la dignidad. Añadió también el agravante de violencia de género, “no objetiva”, creyendo que la muerte se produjo por el hecho de que Lozano fuera mujer: “No es un arrebato puntual ni aislado, es la conclusión de la situación de dominación que ejercía durante el matrimonio”.
Finalmente, Arazuri y Rojas pasaron a repasar el errante historial médico mental de Alonso Miguel G.D. Consideran que sus problemas psiquiátricos no eran graves y que era perfectamente consciente en el momento de los hechos. Con todo abogan por concederle una atenuante muy leve: “Algún trastorno tiene que tener”, subrayaron a la vista de los diagnósticos, entendiendo que por inhaderencia al tratamiento puedo perder muy ligeramente el control.
Terminó la Fiscalía su informe en prácticamente una hora, dando paso al turno de Javier Cabillas, abogado de la acusación que representa a los familiares de la fallecida, incluida su hija.
Mantuvo el letrado la misma línea que el Ministerio Público, defendiendo la versión de la niña: “Minuciosa, persistencia y espontánea”, apuntó, incidiendo en los argumentos de la acusación pública y añadiendo la “impasibilidad” del acusado cuando policía y servicios de emergencias llegaron al lugar de los hechos el día de autos. Destacó además el testimonio de un agente que contó en sala como Alonso Miguel G.D. ofreció las manos, sin que se las solicitaran, para ponerle las esposas.
Frente a la solidez del testimonio de la hija, para Cabillas, no hay ningún elemento externo que corrobore la versión del hombre. Un relato hilado a sabiendas de que “en la pistola habría ADN de la niña” y con el objetivo de “culpar a una menor del asesinato de su madre”.
También restó credibilidad el abogado a las periciales de la defensa, la del famoso dúo Cabrera-Planelles. “Se ha presumido que los cuerpos estaban de una forma y que el tiro entró de una determinada manera cuando eso no se sabe”, argumentó.
Otro aspecto que refuerza a su juicio la tesis del asesinato es que el hombre vio la ropa de su mujer saltar cuando entró el disparo: “Si hubiera estado luchando no lo hubiera apreciado”, consideró Cabillas, quien también sacó a colación el cambio de testimonio del acusado, quien a Cabrera le dijo que había llevado la pistola a la cocina “para amedrentar” a su mujer.
Para el letrado también está claro que Lozano no pudo defenderse y que lo que motivó la acción del presunto asesino fue que Lozano quisiera divorciarse. Todo fruto de una vida de malos tratos, “controlada en cuanto a sus salidas, teléfono o amistades” por su marido.
La discrepancia entre acusación particular y Fiscalía se reduce principalmente al estado mental del acusado. “Estamos convencidos de que no merece ningún beneficio por este apartado”, espetó Cabillas, que ve contradicciones entre los informes que hablan de un brote psicótico a pocos días del crimen.
“Él aquí nunca ha dicho que estuviera enajenado. Ha hecho un relato exculpatorio de los hechos. No ha hecho referencia alguna a una capacidad alterada”, continuó el abogado, que luego se centró en la cronología de los hechos. Le llama la atención al representante legal que desde el día 3 en el que diagnosticaron el brote, hasta el 14, no se pusiera nada de manifiesto en su vida que mostrara esto. Es decir, un problema mental agravado.
Acudiendo incluso a trabajar el día 14, recriminado esa jornada a su hija por no haber estudiado para un examen y luego pidiendo a su mujer que buscara una cita médica que “existe”: “Nada de esto es un delirio”, zanjó Cabillas, que también relató como taponó la herida o escondió la pistola, además de hablar con los policías que acudieron al lugar.
Por todo ello, entender que el hombre tenía alteradas sus condiciones “es un acto de fe total”. A mayores, considera la defensa, como la médica de la Cárcel de Sevilla, que Alonso Miguel G.D. no tiene enfermedades mentales si no “una forma de ser”. “A nuestro parecer, el 14 de marzo este hombre mató con un disparo a dos personas”, concluyó Cabillas.
Está loco, no es un asesino
Quedaba —quitando al letrado de la Ciudad— que Inmaculada Güil abogada de la defensa defendiera la absolución de su cliente. No se salió del guión. Para ella ha quedado acreditado que el presunto asesino —que le compraba “jamón del bueno todas las semanas a su hija”— sufre tres trastornos graves diagnosticados “por seis psiquiatras”, excluyendo a los médicos de instituciones penitenciarias y a la de urgencias, es decir, a todos los que no sostienen su versión: “Al no disponer de toda la documentación y del historial clínico”.
En la línea, para la letrada las capacidades de su cliente estaban seriamente afectadas, cuando no anuladas. Buscando así que cumpla condena en un espacio psiquiátrico.
Güil prosiguió falseando lo dicho por Fiscalía, indicando que aprecian alevosía argumentando que el hombre se encontraba en la puerta de la cocina tapando la entrada y la salida. Algo que en ningún momento se planteó en el juicio en esos términos.
Por supuesto, la abogada insistió en el forcejeo entre padre e hija —de la que dijo no sufre ningún estrés postraumático— como un hecho durante las dos detonaciones del arma. Todo para construir un relato sesgado aprovechando pequeñas porciones de testimonios de peritos y testigos, así como tergiversando o sacando de contexto ciertos testimonios supuestamente textuales.
El objetivo, argumentar que el disparo del hombre fue a la nevera y en el que según ella medió la hija durante el presunto forcejeo fue el que impactó en Lozano. No se trató pues, a su parecer, de un asesinato, y menos de uno machista, argumento Güil, que en ese momento de su exposición pasó a darle solo parcial credibilidad al testimonio de la psiquiatra de Algeciras, quedándose solo con las partes que interesaban a su representado y dando por falsas las restantes.
Para ella tampoco supone mayor indicio que llevara la pistola “cargada” —la llevaba no solo cargada, sino con una bala en la recámara—, máxime cuando según su representado la barriada de Hadú, en la que trabajaba en el mercado, pasa por ser un lugar muy peligroso: “Le pincharon las ruedas, le amenazaron, hay trapicheo…”, narró Güil a tenor de lo expuesto a ella por el acusado.
Seguidamente volvió a los disparos, a la discusión “caótica”, al “zafarrancho” que según su postura causó la muerte a Lozano. Una larga y reiterativa exposición que buscaba dos cosas. Por un lado, desplazar la culpa de su cliente, por otro, reducirla a participación no intencionada y arrepentida y en último extremo a inconsciente o enajenada: “No se le puede achacar un asesinato doloso y con alevosía por que no puede controlar sus actos”, terminó.
Para concluir, el abogado de la Ciudad jugó un complicado papel a ojos de la opinión pública, señalando que según una psiquiatra consultada los daños de la hija ya estaban antes de la muerte de su madre: “Solo se han exagerado después”, dijo representando la clara idea de la Ciudad de no pagar a la pequeña por el presunto asesinato que cometió un policía local, en horas de jornada y con el arma reglamentaria.
El acusado cerró la sesión proclamándose inocente en el uso de la última palabra y el juicio quedó pendiente del fallo del jurado que se espera para mañana jueves.
