Agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF-1) de la Policía Nacional han detenido esta mañana a cuatro personas en el marco de la *Operación Tetuán*. Los arrestados —entre ellos el propietario, la directora y un docente de una conocida academia de formación— están siendo investigados por presuntos delitos de falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los trabajadores.
Los detenidos se habrían acogido a su derecho a no declarar en sede policial, a la espera de comparecer ante el juez. Han quedado en libertad con cargos.
La investigación arrancó a comienzos de 2024, tras un repunte inusual en la solicitud de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, tramitadas por la Oficina Única de Extranjeros de Ceuta. Estas solicitudes estaban vinculadas a cursos de formación ofrecidos por la citada academia, a través de los cuales los alumnos —todos en situación administrativa irregular— obtenían diplomas con los que justificaban su arraigo por formación.
La Policía cifra en al menos 54 los extranjeros captados por la organización. A cada uno se le habría exigido un pago de 1.400 euros por la matrícula de unos cursos que, según los indicios, nunca se impartieron conforme a la normativa vigente. Las formaciones carecían de la autorización administrativa correspondiente y no contaban con alta en la Seguridad Social para las prácticas laborales.
Además de las irregularidades administrativas, la investigación ha destapado una barrera insalvable: el idioma. Muchos de los alumnos no sabían leer ni escribir en castellano, y apenas lo hablaban. Aun así, habrían obtenido certificados de cursos que legalmente deben impartirse en español, con módulos teóricos que requieren superar exámenes tipo test.
La connivencia entre responsables de la academia y los alumnos quedaría así acreditada para los investigadores: se ofertaban diplomas a cambio de una contraprestación económica, con el único objetivo de obtener el permiso de residencia. La presencia de algunos alumnos en la sede se limitaría a simular actividad formativa de cara a posibles inspecciones, según el relato policial.
El procedimiento judicial sigue su curso, aunque no se espera que los implicados comparezcan ante el Juzgado instructor antes del mes de julio. Las previsiones apuntan incluso a un posible retraso hasta septiembre.
Fuentes cercanas al caso han confirmado que varios de los inmigrantes que pagaron por los cursos han decidido personarse como acusación particular, al sentirse estafados por la academia, lo que sumaría un nuevo cargo a los ahora investigados.
