El ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, declaró que el Ministerio del Interior no dio instrucciones a la Ciudad para repatriar a los menores marroquíes en agosto de 2021. Aseguró que las relaciones diplomáticas estaban rotas y que solo hubo comunicaciones informativas.
La Fiscalía considera que las acusadas, la ex vicepresidenta de la Ciudad, Mabel Deu, y la que fuera delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, intervinieron activamente en un plan de repatriación de menores sin seguir el procedimiento legal en agosto de 2021, cuando devolvieron a 55 jóvenes a Marruecos, tres meses después de la entrada masiva. Entiende además que fueron conscientes de lo que hacían y obraron igualmente, por lo que en su informe en la tercera y última sesión del juicio contra ambas interesó que se las condene por prevaricación administrativa.
Antes de que comenzara la recta final del juicio con los informes de las partes, intervino en la sala el ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz. Lo hizo a petición de la Fiscalía, descartando que en cualquier caso se hubiera dado órdenes a la Ciudad Autónoma sobre cómo proceder con la repatriación de los jóvenes.
“No había interlocución con Marruecos. Las relaciones no existían y desde el Ministerio sí mantuvimos contacto y nos manifestaron que estaban dispuestos a atender a esos menores. Era una mera comunicación, en ningún momento dimos órdenes ni directrices específicas”, subrayó, desmintiendo bajo juramento lo expuesto este miércoles por Deu y Mateos, quienes afirmaron que operaron confiando en lo que mandaba Interior.
Además, en el propio escrito sin firma ni sello, se indicaba que debía cumplirse con la legalidad en materia de Extranjería y Menores. Pérez, que dijo no recordar casi nada sobre lo ocurrido en aquellos meses de 2021, rechazó hacer una valoración jurídica sobre la legalidad de lo ocurrido. Eso sí, insistió en que su Ministerio no tenía competencias y por eso no se inmiscuyó.
Dada la abismal diferencia entre lo señalado por Deu ayer y lo explicado por Pérez este miércoles, el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz desplazada en Ceuta ordenó un estéril careo entre partes. No aportó nada nuevo, pues ambos se limitaron a sostener su postura previa sin entrar a debatir.
Fuerte crítica a la gestión de las administraciones
Finiquitados los testimonios, llegó el turno del informe de la fiscal, quien tras leer una amplia jurisprudencia que avalaría su postura, explicó que la repatriación se produjo omitiendo cualquier procedimiento respecto a todos los menores. “No hay ninguna resolución administrativa, no solo lo digo yo, si no que esta omisión ha sido determinada también por la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, por la de la misma naturaleza esta ciudad, por el TSJA y por el Tribunal Supremo”.
Para la acusación pública , a la vista de la sentencia del máximo órgano nacional de justicia, se optó por la repatriación en base a un acuerdo entre funcionarios; un entente “abstracto" y que "no explica la pasividad de la administración, prolongada en el tiempo y laxo con la legalidad”.
Además, la resolución apunta que no cabe interpretación subjetiva de la norma, por lo que el acuerdo administrativo, suscrito entre partes con requisitos de validez y eficacia en el ordenamiento jurídico nacional, conlleva negar la tesis de que este acuerdo puede ser alternativo a la Ley de Extranjería. “El artículo cinco del acuerdo obliga a las autoridades competentes, en este caso la Ciudad Autónoma, a resolver con observancia estricta a las normas nacionales e internacionales”, prosiguió la Fiscalía, que considera que el propio acuerdo marco, por su fórmula, impide saltarse la norma.
La necesidad de identificar las circunstancias familiares de cada menor, entrevistarlos personalmente, conocer su situación particular o que el país vecino identifique a sus progenitores, aparecen como actuaciones preceptivas que se habrían obviado. Lo mismo que realizar el expediente administrativo individualizado correspondiente.
“En este elenco de garantías procedimentales, permitir la aplicación única y exclusiva del acuerdo, aun cuando se produzcan circunstancias excepcionales, supone prescindir de todas estas garantías”, añadió la representante del Ministerio Fiscal, que habló de discrecionalidad para valorar la actuación de las administraciones implicadas.
A su juicio, las relaciones diplomáticas entre países “no estaban rotas”, dado que existieron contactos entre ambos países para ver si se retornaba a a los menores.
Sí que acepta la acusación pública que se dieran circunstancias excepcionales con la entrada masiva, sin embargo, las cifras de menores no le parecen tan elevadas en comparación con las que hay de forma regular. “Que la decisión se tomara porque las circunstancias obligaran a expulsar a los menores a Marruecos, no es cierto”, apostilló, observando un “desprecio al procedimiento” por parte de las dos implicadas.
Así, ni arrogarse al acuerdo marco, ni achacar la actuación a una orden del Ministerio de Interior parecen para el Ministerio Público explicaciones válidas que libren de responsabilidad a Mateos y Deu. “Se quiso repatriar a 145 y de los 55 que finalmente se enviaron, no nos consta valoración individualizada”, subrayó, señalando que, solo con eso, ya de mano, se incumplía con el propio tratado con Marruecos.
Tampoco cuela el supuesto imperativo del Gobierno Nacional. “La parte primera del escrito pone que se cumpla el artículo cinco”, precisamente el garante de la legalidad: “Qué parte de eso no entendieron las acusadas”, zanjó la fiscal. Aún así, también indicó que si les ordenaran cometer una legalidad, no tendrían que cumplirla y si lo hicieran, esto no las exoneraría de responsabilidad.
Nada más lejos de la realidad para la acusación pública, que citó el testimonio del exsecretario de Estado como argumento a lo largo de su informe. En concreto, señaló cómo Pérez aseguraba en su declaración que la comunicación realizada a la Delegación no era una orden de cómo proceder a las deportaciones, si no una indicación meramente informativa. Además, recalcó que su Ministerio no tenía las competencias en menores, por lo que su labor fue de mera intermediación con Marruecos.
Mateos y Deu intervinieron, a juicio, de la fiscal de forma directa en las decisiones. En el caso ex consejera, entiende que asumió el control del operativo, arrogándose la facultad de decidir sobre el retorno de los menores de manera individual. “La comisión de atención a la infancia es el que tiene la potestad de tomar las decisiones más importantes en materia de menores”, agregó la acusación pública, que le achaca enviar la misiva para activar el acuerdo, elaborar el listado de jóvenes a devolver -sin criterio técnico y legal y de forma arbitraria- y participar de manera personal en las repatriaciones.
Abundando en las listas, la fiscal indicó que muchos de los menores no están identificados; unos figuran como entregados a Marruecos cuando continuaban en recursos de protección de la ciudad autónoma, otros fueron entregados en reagrupación familiar en otros sitios. También hay nombres que no coinciden. “No era fiable”, hurgó, desconfiando también de que en el pabellón Santa Amelia no hubiera chavales vulnerables, como aseguró la vicepresidenta: “El único criterio fue la edad de los menores”.
Deu "sabía que era ilegal", defiende Fiscalía
“Ahí está el dolo. Sabía perfectamente que esos menores no habían pasado la criba de la vulnerabilidad. Metió a los que consideró porque así le constaba que eran los menos vulnerables. La edad incluye menores de entre 16 y 17 años. Así se salvaba el hecho de que pudiera obviar ese dato de que se hubiera hecho entrevista individual”, esgrimió en su informe final en relación a Deu, cuya actuación calificó de “personal y consciente”.
Afeó seguidamente que no pidiera asesoramiento legal, más allá de órganos políticos: “No quería escuchar lo que me va decir mi órgano técnico, porque se lo dijo su propio jefa. Sabía que era ilegal y se colocó en una posición de ignorancia”, finalizó sobre la segunda de abordo del presidente Juan Vivas.
Mateos, "no solo consintió, sino que ejecutó" las 'devoluciones en caliente'
Tras una larguísima argumentación, pasó a hablar sobre Mateos. “Competente para realizar la repatriación”, entiende la fiscal que su participación fue fundamental, gestionando el acuerdo verbal, remitiendo los listados a la Policía Nacional, ordenando la apertura de la frontera. “La acusada no solo consintió si no que ejecutó materialmente la repatriación de los menores”.
Una ejecución “concertada entre dos cargos públicos que se necesitaban para ejercer el acto prevaricador”, subrayó el Ministerio Fiscal, destacando cómo las competencias de las que disponían cada una encajaron entre ellas para completar la devolución ilegal, a sabiendas de su carácter ilícito.
Máxime cuando Mateos “era conocedora de las advertencias de Palomo” y a la vista de las declaraciones de sus propios compañeros de Delegación. Incluso acusó a su defensa de preparar el testimonio de su jefe de gabinete, Juan Hernández.
Prosiguió afeando que no se realizaran comunicaciones a Fiscalía sobre el proceso, a excepción de un viernes por la tarde con puente por delante y concluyó con un recado a las dos acusadas: “Quien tiene la misión de proteger y obra así, no debe ocupar cargo alguno en una institución pública”, finalizó.
Las familias en la frontera que nadie vio
La abogada del colectivo La Escola se adhirió a lo expuesto por la fiscalía, pero quiso hacer hincapié en dos cuestiones que engordan el “despropósito” de la decisión. En primer lugar, la declaración de Deu en la que señalaba que “las familias estaba clamando por la devolución de los jóvenes”: “Jamás nadie vio a ninguna familia en la frontera”.
La otra, una mención del equipo de la Delegada, en concreto de Kasrou, “ignorando” una comunicación de la Fiscalía durante varios días a sabiendas de que obraban fuera de la legalidad para proseguir con las devoluciones.
Seguidamente, el letrado de la Red Española de Inmigración recalcó la inexistencia de cualquier procedimiento en la repatriación. Adhiriéndose a las conclusiones de la Fiscalía, varió, eso sí, su punto de vista en cuanto a que considera que Deu y Mateos incurrieron en un delito “continuado” de prevaricación.
"No se estiró el chicle de la legislación"
La jornada de tarde estaba destinada a los informes de la defensa, comenzando por el abogado del Estado que defendió a Salvadora Mateos. Para él, tras los días 16 y 17 de mayo, existió en Ceuta una “desazón” con la presencia de menores migrantes, marcada también por la “insuficiencia de medios”, lo que llevó a contratar a fundaciones y empresas para atender a los mejores.
Con todo y con ello, la mayoría de menores sufrían, a sus ojos, una atención deficiente, pasando los meses y “enquistándose el problema”. Situación especialmente “incómoda” y “precaria” vivían, según su argumentación, los jóvenes del Pabellón Santa Amelia, “con poco espacio y sin apenas baños”. Ahí entra, para el abogado, el “interés mayor del menor” al que según él atendió su clienta con sus actos.
Citando legislaciones y tratados variados, el defensor de Mateos dibujó un contexto en el que los niños querían volver y sus padres que regresaran. “Se intentó primero el reparto de los chavales por comunidades autónomas y no fue posible”, recordó, lo que acabó llevando a explorar otras vías.
Tildó la reglamentaria, la de la Ley de Extranjería como “muerta”, a la vista de la crónica falta de respuesta de Marruecos a las solicitudes realizadas desde el Área de Menores de Ceuta. Por contra, en su discurso final, el letrado planteó como alternativa útil y respetuosa con los derechos de los menores la que al final se empleó, aplicar -de aquella manera- el tratado firmado con el Reino Alauita en 2007.
Entró a continuación en su informe a poner de relieve la participación del Ministerio de Interior. Empezando por la petición del 10 de agosto realizada por la Ciudad, que introdujo en escena a un nuevo actor el secretario de estado de Seguridad. “Dieron órdenes de proceder a la repatriación”, subrayó refiriéndose no solo a un escrito remitido por la secretaria de Estado, si no a una llamada de su titular al jefe de gabinete de la por entonces delegada, Mateos.
El siguiente paso, según el relato del letrado, fue corroborar en una reunión en la frontera que el país vecino contaba con los medios necesarios para acoger a los niños. “Quedó demostrado”, consideró el abogado, que destacó las preocupaciones que se tomó su representada para asegurarse de que todo estaba correcto.
Ya el 12 de agosto, llegó la lista de menores a deportar, remitida por la Ciudad, cuestión en la que la ex delegada se lava las manos, ya que únicamente se limitó a reenviarla a quien consideró oportuno. “No era su competencia y por lealtad institucional no se iba a meter en si estaba bien o mal”, agregó su representante legal.
“Le garantizaron a mi patrocinada que se iban a llevar a los menores con su familia”, prosiguió el abogado, que argumentó en favor del proceder en el momento de las repatriaciones. El proceso se paralizó “en cuanto hubo dudas”, afirmó después, planteando que esas “dudas” no se corresponden con un delito de prevaricación administrativa. “Hay que juzgar estos hechos en el momento en que se produjeron y no en el presente. Sobre la base de la situación de excepcionalidad, el no funcionamiento de la Ley de Extranjería, todos los implicados buscaron explorar otra vía”, abundó, defendiendo que se cumplieron todos los puntos del acuerdo que fueron humanamente cumplibles dadas las relaciones con Marruecos.
“No es que se estirara se el chicle de la legislación hasta el límite como se quiere hacer ver, si no que se pensó que estaba ajustado a derecho”, zanjó el abogado para terminar.
Lucha frontal contra la fiscal
Cerrando la sesión intervino el representante de Deu, abogado de la Ciudad Autónoma, que comenzó sorprendido por que la fiscal, en sus conclusiones, “dudara de la excepcionalidad” de la situación con los menores en Agosto de 2021. “Lo que no considera extraordinario es el doble de menores que lo que actualmente hay y que provoca la modificación de la Ley de Extranjería”, hurgó.
Seguidamente dijo que el escrito de el colectivo La Escola no menciona siquiera a su representada en el folio que se extiende su relato. Tampoco cree que las conclusiones presentadas por el letrado de la Red Española de Inmigración describa ninguna clase de delito penal.
No así el de la fiscal, que se dispuso a tratar de rebatir, comenzando por entender que inicialmente se acusaba a Deu de convencer a Mateos para cometer una ilegalidad y que hoy la acusación pública ha “bajado un escalón y luego subido dos”, situándolas como “coautoras”: “Dice que las dos se ponen de acuerdo para deportar a los menores inventándose un título, el del acuerdo marco”, apostilló.
La decisión de repatriar o no “corresponde al Estado”, valoro el letrado, destacando que Deu “lo único que firmó fue la activación del acuerdo” para que después operara el Gobierno central. Todo en un contexto hasta la saciedad descrito durante el juicio, marcado por la “pandemia, la frontera cerrada” y las malas relaciones con Marruecos.
Para él está claro que lo que mandó la secretaria de Estado no fue una comunicación, sino que lo puso todo el marcha, a la vista del “apabullante” despliegue de medios con el que se encontraron el 11 de agosto en la reunión de la frontera. “Todas las decisiones y medidas estaban tomadas. Casi les plantea (el secretario de estado) ese día que por qué no se han ido los niños ya”, dijo para cerrar este capítulo, pasando a discutir la argumentación del Ministerio Público en cuanto al dolo.
“La Fiscalía confunde el que para integrar esa lista hay que ser menor no acompañado con la vulnerabilidad. Si no pudieran repatriarse, no habría acuerdos para ello. Cuando se habla de vulnerabilidad tienen que ser menores no acompañados que tengan otra circunstancia añadida”, manifestó en este sentido. Añadiendo que, en cualquier caso, la confección de esas listas no la realizó la consejera. “Quién se cree que fue allí ella con una libreta”, espetó, tirando de retranca.
Tampoco entiende que hubiera advertencia alguna de que lo que hacían podía ser ilícito, más allá de las diferencias con Palomo. “Ella tenía desde el principio una postura contra esto”, señaló, restándole consideración a lo que “opinara”, prefiriendo apostar por el criterio de la Administración central.
No acabaron ahí las menciones a la responsable del Área de Menores, citando luego el abogado las reagrupaciones familiares sin aplicar la Ley de Extranjería que esta habría liderado. “Creo que es plenamente legal y es exactamente igual que lo que se ha hecho aquí (….) ¿por qué mi demandante tenía que pensar que lo que en otros casos es perfectamente legal, ahora no lo es y encima supone prevaricar?”, cuestionó.
Para finalizar la argumentación subrayó que sí existió un claro protocolo en las devoluciones. Para justificarlo, enumeró todos los pasos dados y remató diciendo: “Haberlo lo había, pero no estaba por escrito”.
La última palabra: "Creí que me iban a aplaudir"
El juicio se cerró con el uso del derecho a la última palabra, empleado por ambas acusadas. En este capítulo final, Mateos apuntó que siempre obró "con el convencimiento de que respetaba la ley": "Creí que me iban a aplaudir por hacer el trámite este", remató.
Por su parte, Deu, visiblemente afectada por el elevado tono en el que se desarrolló la sesión de este jueves, pidió disculpas si sus respuestas "no habían sido ágiles", deseó que esta sea su "última vez en un penal" y defendió su forma de obrar a lo largo de los años: "El próximo 23 de junio hace dos años que dejé mis responsabilidades políticas de manera voluntaria y durante 22 años juré servir con lealtad, guardando y haciendo guardar las leyes. He trabajado siempre en pro del interés superior del menor. Trabajando codo a codo en todo lo que he podido ayudar a los menores en Ceuta", finalizó, quedando el juicio visto para sentencia.
