El caso de un profesor condenado por delitos sexuales que captó la atención pública se encuentra en una etapa crítica, con la fecha del fallo del recurso de apelación fijada para el 14 de septiembre de 2023. El ex profesor Alberto Díaz, acusado en el caso, ha presentado una apelación centrada en la presunta violación de sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a un procedimiento justo y a su honor e intimidad personal. "El motivo primero se basa en la vulneración del derecho fundamental a un procedimiento con todas las garantías, al honor y a la intimidad personal al haber cesado la autorización judicial para registrar equipos de almacenamiento masivo". La defensa sostiene que la autorización fue revocada, lo que constituiría una violación de los derechos del acusado.
En contraposición, los padres denunciantes argumentan que la autorización era legal y necesaria para recopilar pruebas vitales en el caso, que involucra supuestos delitos contra menores de edad. Insisten en que la intervención en los dispositivos fue esencial para proteger los derechos de los niños afectados.
Este caso ha generado un debate público intenso debido a su naturaleza delicada y a las cuestiones éticas y legales que plantea. La tensión entre la necesidad de investigar y recopilar pruebas y la protección de los derechos fundamentales del acusado subraya la complejidad del caso.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia ha reasignado la ponencia al Magistrado Rafael García Laraña, y el fallo se espera con gran anticipación. La resolución de este caso podría tener implicancias significativas en la forma en que se manejan los derechos fundamentales en el contexto de las investigaciones penales, especialmente en casos que involucran a menores de edad.
