El guineano que agredió a 5 trabajadores del CETI, condenado

El Juzgado de Ceuta ha emitido una sentencia firme contra un hombre acusado de lesiones múltiples en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. La resolución incluye multas, indemnización a las víctimas y una orden de alejamiento que lo expulsa del centro

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N° 4 de Ceuta ha dictado sentencia firme contra un hombre de Guinea Conakri, de unso 20 años, por su implicación en cinco delitos de lesiones ocurridos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Los hechos, que se produjeron este lunes, 24 de marzo, dejaron como resultado heridas a una trabajadora de cocina y a cuatro vigilantes de seguridad del centro. 

Durante el juicio, el acusado admitió la responsabilidad por los actos ante la magistrada, allanando el camino para una resolución definitiva. La sentencia establece una multa de cinco euros diarios durante un período de cuatro meses, alcanzando un total aproximado de 600 euros. Adicionalmente, se le ha impuesto una orden de alejamiento respecto a las víctimas, cuya duración oscila entre los cuatro y ocho meses, lo que supone de facto su expulsión del centro.

En cumplimiento de la resolución, el acusado deberá indemnizar a las víctimas con una suma cercana a los 1.400 euros por las lesiones provocadas. Además, se hará cargo de las costas procesales del caso, cerrando así cualquier posibilidad de recurso contra la sentencia, que ha sido declarada firme.

La resolución de la jueza abala las palabras de la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, que señalaba que cualquier agresión debe ser tratada como una grave amenaza a la convivencia y a la integridad de los profesionales que trabajan en el centro. “Es una puesta en peligro de la convivencia y del buen hacer de los profesionales del CETI”.  Además, ha insistido en que se adoptarán “las medidas que el juez o jueza determine y, con carácter interno, las que el régimen del CETI establezca”.  

Pérez también ha destacado que en estos casos se debe garantizar la “aplicación de la ley, como no puede ser de otra manera, y el apoyo total a las personas agredidas, que están haciendo su trabajo y en ningún caso deben ver menoscabada su integridad por actuaciones como las de este joven”, concluía la delegada.