La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta se prepara para dos jornadas incómodas, de esas que nadie quiere cubrir pero que hay que contar. Los días 13 y 14 se sentarán ante el tribunal los acusados de una trama que utilizó a adolescentes para concertar encuentros sexuales con adultos. Un caso que lleva años arrastrándose y que podría cerrarse sin juicio oral si finalmente hay conformidad penal: un acuerdo que solo sería posible si los acusados aceptan los hechos y las penas que piden Fiscalía y Acusación Particular. Pero no será hasta el próximo martes cuando se conozca si finalmente se abre juicio oral.
El principal acusado, H.Ch.M., no llegará desde la calle. Está en prisión provisional desde noviembre, después de saltarse la orden de alejamiento respecto a las víctimas. La Acusación Particular pidió su ingreso para evitar riesgos de fuga y asegurar que el proceso no descarrilara.
La investigación de la UFAM lo señala como la persona que, en septiembre de 2021, contactó con tres menores —15, 16 y 17 años— y las convenció de que podían ganar dinero manteniendo relaciones con adultos. Según Fiscalía, sabía perfectamente que eran menores. No fue un malentendido ni un “no lo sabía”: lo sabía.
Por eso se enfrenta a tres delitos de mantenimiento en el ejercicio de la prostitución. Los supuestos clientes —N.B.Z., D.D.D. y J.M.L.G.— están acusados de corrupción de menores.
La petición de penas marca la distancia entre unos y otros. Para H.Ch.M., el Ministerio Público pide 13 años de prisión y libertad vigilada durante 5 o 10 años, según el caso. Para los clientes, 3 años de cárcel y la prohibición de contactar con menores durante una década.
La Fiscalía pone el foco en un detalle que duele leer: una de las chicas estaba en una situación de especial vulnerabilidad. Aun así, según el relato, el acusado no solo las empujó a prostituirse, sino que también les explicó cómo hacerlo, a través de una página web donde adultos buscan estos servicios. Él organizaba las citas, buscaba habitaciones, fijaba horarios y decidía el precio. Y se quedaba con la mitad.
Ahora, todo eso llega a la Audiencia. Dos días para escuchar lo que nunca debería haber ocurrido. Dos días para que la justicia ponga orden donde otros pusieron abuso.
