El pasado 13 de octubre Caballas formalizaba una denuncia ante el juez de guardia por la presunta comisión de un delito ecológico en el origen del incendio que destruyó 30 hectáreas en el Monte de la Tortuga.
Ahora, el Juzgado de Instrucción número dos ha dado la orden de incoar diligencias penales previas. La Guardia Civil debe aportar un informe sobre los hechos acaecidos y el líder de Caballas, Mohamed Alí, autor de la denuncia, personarse en el procedimiento.
Se ha establecido un plazo de tres días para interponer recursos.
Caballas ha considerado desde el principio que los hechos denunciados suponen una infracción recogida por la Ley de Montes en lo que se refiere a la destrucción de especies forestales y al incumplimiento de la obligación de información a la administración o de su ocultación o alteración. Para el portavoz, Mohamed Ali, si el incumplimiento de la norma y de la Ley de Montes se ha hecho de forma consciente "es ilícito penal", en caso contrario, "estaríamos ante una dejadez penalmente recriminable", apuntaba Alí tras formular la denuncia.
El escrito de Caballas recordaba que la causa reconocida del fuego, confirmada por la Delegación del Gobierno, fueron unos ejercicios de tiro con balas trazadoras organizados por la Comandancia General. “No es la primera vez que unas actividades de tiro, especialmente con munición de trazadoras, provocan un conato de incendio”, argumentaba Ali, quien citaba cinco antecedentes de conatos de incendio por las mismas causas desde 2002.
