La paciente ceutí V.A.R.R. ha presentado una denuncia en el Juzgado contra un anestesista del Hospital Universitario de Ceuta por la presunta falsificación de su firma en un consentimiento informado fechado en abril de 2021. La acusación también señala al INGESA como responsable civil subsidiario, siempre según la versión de la denunciante. El documento habría sido aportado en un procedimiento penal anterior por presunta mala praxis, y un perito calígrafo habría concluido posteriormente que la firma no le pertenece.
Una historia médica que deriva en un conflicto judicial
Según la denuncia, la paciente comenzó en 2019 a sufrir un dolor ginecológico intenso e incapacitante que la llevó a múltiples visitas a Urgencias. Pruebas como ecografías, TAC, analíticas y resonancias habrían señalado un quiste en el ovario izquierdo, con marcadores tumorales elevados.
En abril de 2021, y siempre según la versión de la afectada, la ginecóloga le habría propuesto una anexectomía izquierda por laparoscopia, firmando ese día el único consentimiento informado del que ella tenía constancia.
La intervención se realizó el 27 de abril de 2021, aunque el desenlace descrito por la denunciante no coincide con lo esperado: su marido fue informado de que se había extirpado el ovario y la trompa del lado derecho, pese a que —según sostiene la paciente— todas las pruebas previas indicaban que la patología estaba localizada en el lado izquierdo.
Posteriormente, un informe forense elaborado en 2022 en el marco del procedimiento por la presunta mala praxis concluiría, según consta en la denuncia, que se habría llevado a cabo “la cirugía en lugar erróneo”.
Ese procedimiento penal terminó archivado tras un auto de sobreseimiento libre, y la Audiencia Provincial de Cádiz confirmó la decisión al considerar, entre otros fundamentos, que la paciente habría firmado dos consentimientos informados —uno el 8 de abril y otro el 23 de abril de 2021— autorizando posibles modificaciones durante la intervención.
El giro del caso: un segundo consentimiento que la denunciante asegura no haber firmado
La denunciante sostiene que en ese momento se enteró por primera vez de la existencia de un segundo consentimiento, fechado el 23 de abril de 2021, que ella afirma no haber firmado nunca.
De acuerdo con su relato, ese día no acudió a ninguna consulta, no vio a ningún anestesista y no suscribió ningún documento, ya que —según asegura— no regresó al hospital hasta el ingreso del 26 de abril.
La denuncia subraya que la firma atribuida a V.A.R.R. en ese documento habría sido declarada no auténtica por un perito calígrafo judicial, que habría concluido que la rúbrica no coincide con la de la paciente.
En opinión de la parte denunciante, ese consentimiento “falsificado” habría tenido un impacto directo en el procedimiento por presunta mala praxis, ya que habría servido para sostener que la paciente autorizó la modificación quirúrgica.
Denuncia por presunta falsificación documental
Con esos elementos, la representación legal de V.A.R.R. ha presentado una denuncia en mayo de 2025 contra: Un anestesista del HUCE, como presunto autor de la falsificación y el INGESA, como presunto responsable civil subsidiario.
Todo lo anterior se basa estrictamente en la versión aportada por la paciente y su abogada, y no existe por ahora veredicto judicial alguno sobre estas acusaciones.
El pasado 19 de noviembre de 2025, ambas partes comparecieron ante la jueza instructora. La denunciante se ratificó, mientras que el anestesista declaró y contestó a las preguntas de la magistrada y de su defensa, negándose —según fuentes del procedimiento— a responder a la acusación particular.
Este medio ha elaborado esta información a partir de la documentación y el relato aportado por la parte denunciante, que describe una secuencia de hechos que, insiste, aún no han sido aclarados plenamente en sede judicial.
