El destino de los siete viceconsejeros designados en junio por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, para integrar el Gobierno municipal continúa siendo incierto. La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo por la que se declara nulo el nombramiento en 2013 de Adelaida Álvarez como viceconsejera encarnaba la espada de Damocles que se venía cerniendo sobre el Gobierno local desde hace más de un lustro. El fallo concluía que ninguna persona que no haya sido elegida en las urnas podrá ser designada para ocupar una viceconsejería.
La posibilidad de que el Supremo se pronunciara contra el nombramiento de personas no electas como miembros del Gobierno era un riesgo asumido por el presidente Vivas. El popular, que siempre ha presentado este litigio en los tribunales como una defensa del autogobierno ceutí, ha reaccionado con el anuncio de que, aun cuando sean destituidos en cumplimiento del fallo judicial, los siete viceconsejeros seguirán ocupando puestos en la estructura de apoyo al Gobierno.
Pero, ¿cuál será finalmente el destino elegido por Vivas para estos siete hombres y mujeres de su confianza?
El reto no se antoja sencillo. El Gobierno debe decidir qué figura elegirá para dar cabida a los siete viceconsejeros y, además, contar con las correspondientes partidas presupuestarias para cubrir los nuevos puestos.
Vivas se enfrenta a un dilema ya conocido, aunque, en esta ocasión, el camino que habrá de recorrer será el inverso al que ya anduvo en 2013. El Gobierno local resolvió aquel año convertir en viceconsejeros a quienes hasta entonces habían venido desempeñando responsabilidades de subdirector general. La decisión se adoptó después de que los tribunales resolvieran que los nombramientos de estas personas como subdirectores generales no se ajustaban a Derecho.
Esta maniobra llevó al sindicato UGT a plantear una serie de demandas ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Ceuta, que fueron estimadas: los nombramientos de los viceconsejeros no se atenían a lo establecido por la ley. Posteriormente, los recursos planteados por la Ciudad ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se tradujeron en sucesivas sentencias que revocaban la nulidad de los nombramientos por entender que UGT carecía de legitimación activa para instar el procedimiento. Un criterio que el Supremo ha rebatido con su sentencia sobre el caso de Adelaida Álvarez.
Si entonces el Gobierno municipal hubo de buscar cobijo en las viceconsejerías para quienes habían sido desalojados por los tribunales de las subdirecciones generales que ocupaban, ahora la tarea es la de hallar un refugio para los viceconsejeros desahuciados.
En 2013, el sindicato UGT, promotor de las denuncias que han dado lugar a la sentencia del Supremo, acudió a los tribunales para denunciar los nuevos nombramientos. ¿Era un ardid del Gobierno local para eludir las sentencias de los jueces?
El próximo movimiento está en manos del Gobierno.
