La modificación del sistema de bonificaciones sobre las cuotas empresariales a la Seguridad Social en Ceuta y Melilla ha aportado argumentos con los que el PP suma armas para desautorizar al Gobierno del socialista Pedro Sánchez. Ante las críticas de Ceuta Ya!, el Gobierno de la Ciudad respondía la pasada con un extenso comunicado en el que negaba la acusación vertida por la formación localista que le reprochaba estar haciendo un uso político de la Mesa de Diálogo Social, foro que lidera la censura a los cambios introducidos en el modelo hasta ahora utilizado para la concesión de estas bonificaciones en las dos ciudades autónomas.
La Mesa de Diálogo Social, donde están representados el Gobierno local, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) y los sindicatos CCOO y UGT, ha descalificado el nuevo sistema impulsado por la Administración central. La Mesa rubricaba el pasado jueves por unanimidad un acuerdo que asumía la práctica totalidad de los argumentos que los empresarios han utilizado desde un principio para desautorizar la modificación.
El contencioso arranca con la decisión del Gobierno central de aprobar la denominada «Ley de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas», en vigor desde el pasado día 1, una norma cuya aplicación supone modificar el sistema de bonificaciones vigente en Ceuta y Melilla. Hasta ahora, los empresarios de Ceuta y Melilla percibían una bonificación del 50% sobre los contratos formalizados. Con la entrada en vigor de la nueva ley, este porcentaje se sustituye por una cantidad fija de 262 euros vinculada a la formación y la contratación indefinida. Ante las quejas de la patronal, el Gobierno central aprobó una serie de ayudas complementarias para que los empresarios que vieran reducida la cuantía de sus bonificaciones pudieran alcanzar el 50% establecido según el anterior sistema.
Pulso político
El enfrentamiento político suscitado a raíz del cambio de modelo en la aplicación de las bonificaciones no se sustancia, sin embargo, a campo abierto. En primer lugar, porque el PP se halla parapetado tras las conclusiones y dictámenes de la Mesa de Diálogo Social, un foro donde no está representada ninguna de las formaciones de la oposición municipal. En segundo lugar, porque ni el PSOE ni la Delegación del Gobierno han planteado una defensa pública de la nueva medida del Ejecutivo, más allá de un comunicado publicado el día en que la norma entró en vigor. El delegado del Gobierno, Rafael García, por ejemplo, ha rehuido hacer un pronunciamiento público para rebatir las críticas que se formulan a los cambios introducidos en el modelo.
El papel de los sindicatos
CCOO y UGT se han adherido a las críticas del Gobierno popular y de los empresarios. Vacilantes en un principio, ambas organizaciones sindicales se han revelado finalmente firmes detractoras de las modificaciones en el sistema. Curiosa ha sido la actitud mantenida durante los últimos meses por los ugetistas. El pasado abril, el secretario general del sindicato, José Álvarez, de visita por entonces en la ciudad, anunció en rueda de prensa que UGT elaboraría un estudio para determinar si la norma que habría de entrar en vigor el 1 de septiembre era perjudicial o no para los intereses de los trabajadores. Ya en su día, el anuncio de la elaboración de este estudio resultó una sorpresa si se tiene en cuenta que UGT se había mostrado con anterioridad contraria a las pretensiones del Gobierno en diversos foros, entre ellos la misma Mesa por el Diálogo Social.
Aquel estudio quedó en el olvido y si alguna vez se redactó, nunca se hizo público. Lo cierto es que apenas dos meses más tarde, los dirigentes locales de la UGT se volvían a subir al carro de los críticos.
Crítica y defensa del nuevo modelo
La Mesa del Diálogo Social solicitaba el pasado jueves la derogación de la norma que sustituía el anterior sistema de bonificaciones a las empresas vigente en Ceuta y Melilla. El foro asumía un informe técnico que recogía todas las objeciones que previamente habían venido oponiendo los empresarios al nuevo modelo.
En resumen, la Mesa hace suya la idea de que el nuevo sistema resulta «inaplicable». Los redactores del informe técnico arguyen para llegar a esta conclusión que la Administración ha incorporado nuevas exclusiones para el acceso a la bonificación y planteado nuevos requisitos a los empresarios. Entre estos requisitos figuran estar al corriente con la Seguridad Social y en el pago de impuestos, no haber sido inhabilitado para obtener subvenciones y ayudas públicas y contar con planes de igualdad cuando resulte obligatorio, entre otros.
La Mesa plantea también que las bonificaciones se entregarán a los beneficiarios a año vencido, lo que vendría a suponer una quiebra de la tesorería de las empresas. Otros de los argumentos esgrimidos en el informe, y ya utilizados por los empresarios con anterioridad, aluden a las dudas generadas sobre que las bonificaciones puedan mantenerse más allá de 2026, plazo de vigencia establecido para el nuevo sistema, y a la aparición de un nuevo factor de inseguridad jurídica: la Mesa mantiene que las bonificaciones están condicionadas a la exigencia de disponibilidad presupuestaria en cada ejercicio.
Los argumentos del Gobierno central
Frente a estos argumentos, el Gobierno central defiende la bondad del nuevo sistema. En su único pronunciamiento público, formulado por escrito en un comunicado de prensa emitido hace 25 días, la Delegación del Gobierno subrayaba que el nuevo modelo no supondría una pérdida económica para los empresarios y que no sería de aplicación a las contrataciones efectuadas antes del 1 de septiembre.
Es más, según la Delegación, los empresarios cuyos trabajadores perciben el salario mínimo interprofesional y tienen una base de cotización de 1.200 euros mensuales añadirían a su bonificación con el nuevo sistema casi 83 euros al mes, es decir 991 euros anuales más al año.
La Delegación recordaba en su nota que los empresarios que cuenten con personas trabajadoras con una cotización igual o superior a los 1.800 euros al mes recibirían del Estado a modo de subvención todo lo que exceda de 262 euros hasta llegar al 50%.
«Se trata de una medida que persigue como objetivos el impulso prioritario de la contratación y el mantenimiento del empleo estable y de calidad de las personas y colectivos considerados vulnerables o de baja empleabilidad, el impulso de la creación neta de empleo y su mantenimiento, así como el reconocimiento de la dimensión sectorial y territorial de las ayudas al empleo», concluía la argumentación de la Delegación.
