“Ceuta está sucia. Está sucia. En esto sí que han logrado concitar el consenso unánime de toda la sociedad ceutí. Han logrado equiparar en igualdad a la periferia y el centro. El centro está ahora tan sucio como la periferia. Cuando le pedíamos acabar con la desigualdad en esta materia no nos referíamos a esto sino a que la periferia se limpiara como el centro”, ha arrancado este lunes, el portavoz de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, una interpelación sobre el asunto dirigida al Gobierno.
Mustafa ha recordado que el contrato va ya por casi 26 millones, 25,8 para la limpieza viaria y la recogida de basura que percibe Trace. En su respuesta, el consejo de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, ha tratado de justificar las vicisitudes del contrato aludiendo al ‘pecado original’, remontándose a 2011, momento de crisis, extremadamente delicado para el conjunto de las administraciones públicas. En algo más de una década el precio de ese contrato casi se ha duplicado, pero sin resultados aparentes, en opinión de Mustafa, sobre el objetivo del servicio, mantener la ciudad limpia. Pero Ramírez ha reconocido por primera vez que el Ejecutivo destina otros recursos a la limpieza de la ciudad, lo que dispararía el precio por encima de esos 25,8 millones que se le pagan a Trace.
“El contrato es el más cuantioso de la historia de esta Administración”, ha apostillado Mustafa. Y le ha afeado al consejero que para tratar de salir de esta situación de ciudad sucia usen a “otras personas para que limpien Ceuta. De tal modo que nos hemos llegado a encontrar a un barrendero de Trace, a uno de Tragsa, a un chaval de los Planes de Empleo, a uno de las Brigadas Verdes y a otro de Obimace haciendo lo que debería hacer la empresa”.
Y Ramírez no sólo no lo ha negado. Ha recordado que el contrato para 10 años con una prórroga de 2 que ganó Trace contenía una serie de cláusulas que permitían trabajar con medios propios en los sitios en los que la empresa no pudiera llegar y modificar el plan de servicios. Pero, cuándo se fue a tirar de esas cláusulas, los servicios técnicos negaron la posibilidad. El Pliego estaba viciado. Pero estamos en 2023, el contrato inicial está extinguido y ahora se trabaja con un contrato de servicio de un año que sí hace posible eso: “El contrato prorrogado sí que tiene esa flexibilidad que no nos permitía tener el pliego técnico. Y en esas zonas donde no llega la empresa, la Ciudad responde con medios propios. Hay una serie de puntos negros en los que actuamos a través de otros medios porque Trace no puede actuar ahí por no los tenía contratados”, ha reconocido Ramírez.
“La cuestión de la limpieza es una cuestión primordial. Todos estamos de acuerdo que debe cambiar”, ha afirmado Ramírez, que acto seguido ha tratado de justificar el incremento en el precio que se paga a la empresa, aludiendo principalmente al incremento salarial de la masa trabajadora (casi 2 millones de euros).
“Ceuta está sucia y pagamos más”, había resumido ya con anterioridad a esa respuesta Mustafa. El localista le ha echado de menos a Ramírez alguna clase de “autocrítica” o “mea culpa”.
Ramírez ha prometido que sobre el futuro del servicio decidirá el Pleno en próximas semanas. Municipalización o no. Con informes técnicos que se están preparando a tal efecto.
Ramírez ha negado que se vaya a pagar más a Trace y que sean 25,8 millones de euros, a pesar de lo que dicen las cuentas. También ha excusado que a la empresa no se le detraiga dinero porque la dirección facultativa del contrato no ha encontrado fallo en los servicios que presta la empresa. La interpelación de Ceuta Ya! no cambia nada, y apenas contribuye a aclarar lo que más o menos ya se presuponía que además de pagara cada año más a la empresa adjudicataria del servicio se destinan otros recursos públicos a hacer ese trabajo, ahora parece que de forma legal. Y que esa pelota, y esa pelotera, sigue en el tejado del Gobierno y el Ejecutivo aspira a despejarla involucrando al Pleno antes de que termine el año. Poco más.
Vivienda
Ceuta Ya! ha preguntado al Gobierno también por sus planes en materia de vivienda para esta legislatura. Con un discurso calificad por su propio portavoz, Mohamed Mustafa, como “contundente”, el localista ha logrado que el Gobierno le cuente que en materia de vivienda su línea de actuación pasa por rehabilitar las viviendas públicas de General Carvajal, Juan XXIII, donde prevé invertir más de 5 millones de euros (5,2), y Príncipe Felipe, para encarar tras la rehabilitación su regularización. Nada de nada de la regularización decenas de veces comprometida del Príncipe, Juan Carlos I o Benzú, por la que también ha preguntado de forma específica Mustafa.
Y que además el Ejecutivo prevé construir en breve 29 viviendas públicas en Huerta Téllez y espera que el Gobierno de la Nación a través de SEPES levante otras 90 en Loma Colmenar. Para el resto, la política de vivienda o al menos la apuesta del Ejecutivo pasa por dos ejes:
Rematar el convenio con Defensa para levantar “prácticamente una barriada nueva” en la zona entre el Mixto y Parque Ceuta y apostar por la cesión de suelo a promotores privados con concesiones de 75 años para que construyan viviendas que podrán explotar durante ese tiempo en régimen de alquiler con precios regulados por el Gobierno mediante la licitación.
Mustafa le ha recordado a Ramírez algunos de los lugares comunes de su discurso en este asunto:
“Los vecinos y vecinas de la periferia viven 10 años menos de media que los del centro” y según él, la vivienda y el hacinamiento forma parte de las causas de la menor esperanza de vida. Y que por las 130 viviendas que tiene en cárter construir el Gobierno (incluyendo las del SEPES) hay 7.000 demandantes de vivienda en la ciudad. Eso y que las últimas viviendas públicas que se entregaron tardaron una década en llegar a sus inquilinos desde que se proyectaron (las famosas 317 de Loma Colmenar).
Mediante la concesión de suelo, el Gobierno espera poder poner en el mercado entre 300 y 400 viviendas de alquiler a precio regulado en un plazo menor de tiempo.
