La Guardia Civil ha detenido a nueve miembros de una organización internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y al tráfico ilícito de vehículos.
La trama criminal disponía de un entramado societario de al menos diez empresas en el cual mezclaba sociedades instrumentales, algunas de ellas ubicadas en Reino Unido y Bélgica, junto a sociedades con aparente actividad real, lo que dificultaba la investigación patrimonial.
La estructura empresarial era utilizada para el blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico. Usaban testaferros, facturación falsa, transferencias de cantidades inferiores a las sujetas a vigilancia, cambios asiduos de administradores en las sociedades, operaciones inmobiliarias irregulares, pago de bienes y servicios con cuentas ubicadas en el extranjero.
Los detenidos operaban en Vizcaya, Cantabria, Segovia y Madrid, y contaban con un reparto coordinado de tareas. El escalón directivo supervisaba directamente la estructura mercantil diseñada para blanquear capitales, los escalones inferiores distribuían la sustancia estupefaciente y se encargaban del tráfico ilícito de vehículos en todas sus vertientes: robo, modificación de bastidores, documentación y transporte.
La Guardia Civil ha practicado 12 registros en las provincias de Vizcaya, Cantabria y Segovia, donde ha encontrado 13.700 euros, 37 teléfonos móviles, multitud de máquinas envasadoras al vacío, dos plantaciones de cannabis sativa, drogas, placas de matrículas sustraídas y dos armas cortas con munición.
Además, han sido incautados 14 coches de alta gama sustraídos y modificados para ser introducidos con una apariencia legal en el mercado. Los agentes también han bloqueado 30 cuentas corrientes. Dos de los vehículos utilizados por la organización criminal presentaban dobles fondos sofisticados para el transporte de los estupefacientes.
Al grupo criminal se le atribuyen delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, estafa, revelación de secretos, robo con fuerza, receptación, apropiación indebida, falsedad documental, defraudación de fluido eléctrico, delitos contra la seguridad social, tenencia ilícita de armas y organización criminal.
La organización utilizaba para sus comunicaciones mensajería cifrada para dificultar su interceptación por los cuerpos policiales, además cambiaban frecuentemente los terminales móviles.
La operación llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Vizcaya conjuntamente con el Equipo Territorial de Castro Urdiales (Cantabria) ha contado con el apoyo de Europol.
