Sábado. 19.08.2017 |
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DELITO DE INMIGRACIÓN ILEGAL

Un ex jefe de servicio de Emigración en Ceuta, condenado por inmigración ilegal en Oviedo

Román P. C. sale de la Audiencia Provincial / Luis Á. Vega / CEDIDA
Román P. C. sale de la Audiencia Provincial / Luis Á. Vega / CEDIDA

Román P. C., que montó una red para introducir marroquíes, acepta seis meses de prisión, según La Nueva España

Un ex jefe de servicio de Emigración en Ceuta, condenado por inmigración ilegal en Oviedo

Román P. C., que fue funcionario de la Seguridad Social en la Delegación del Gobierno en Asturias y jefe de sección de Emigración de la Seguridad Social de Ceuta, ha aceptado en la mañana de este martes seis meses de prisión en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, por un delito de inmigración ilegal, según publica este martes el diario La Nueva España.

El acusado montó una red con varios vecinos de Colloto para solicitar falsos permisos de trabajo para marroquíes, unos hechos que se descubrieron a principios de 2006. El ahora condenado no dudó en involucrar a su mujer, su hija y su yerno, también condenados. 

Durante la larga instrucción de este caso, que no se ha juzgado hasta 11 años después de la apertura de las investigaciones por el Juzgado número 1 de Oviedo, Román P. C., defendido por el letrado Ricardo González, adujo que era adicto a la cocaína y entre las líneas de su defensa tenía un peso fundamental que tras la apertura en 2016 de las investigaciones fue designado jefe de servicio de Emigración de la Seguridad Social de Ceuta, un puesto en el que estuvo cinco años.

Román P.C. ahora está jubilado y reside en Gijón. Las otras diez personas implicadas en la red de inmigración ilegal aceptaron una pena de multa de tres meses, a razón de seis euros diarios, 540 euros en total. La fiscal del caso, Adoración Peñín, aceptó rebajar las penas solicitadas (cuatro años en el caso del funcionario, dos años en el caso de los demás acusados) en atención a las dilaciones indebidas del caso. Durante la investigación no se logró demostrar que tanto el funcionario como las diez personas a las que involucró en su red cobrasen dinero por traer de forma fraudulenta a los marroquíes. Tampoco pudo incriminarse a ningún otro funcionario de la Delegación del Gobierno. Los permisos de trabajo se tramitaban en la sección de Extranjería.

El letrado Ricardo González lamentó que este caso se haya demorado tanto. "Una justicia que se dilata desde enero de 2006 hasta abril de 2017 no puede llamarse justicia. Urge que se tomen medidas legislativas para que las sentencias se dicten en un plazo razonable. No puede someterse a esta tortura a una persona, por muy culpable que sea", ha indicado el letrado a La Nueva España.

Un ex jefe de servicio de Emigración en Ceuta, condenado por inmigración ilegal en Oviedo