Las ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros para compensar la derogación de la bonificación del 50% sobre las cuotas a la Seguridad Social vigente en Ceuta y Melilla no satisfacen a los empresarios. Estas es la conclusión que alcanza la Cámara de Comercio, que en un comunicado censura al Gobierno por recurrir a un nuevo sistema basado en ayudas para sustituir al anterior, que suponía la liquidación a las empresas ceutíes de manera automática de sus seguros sociales con una bonificación del 50%.
Las ayudas a las empresas ceutíes y melillenses aprobadas por el Gobierno central el pasado martes pretenden compensar la reducción en las bonificaciones que podría traer consigo la entrada en vigor el próximo 1 de septiembre de la «Ley de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas». La nueva norma sustituye este porcentaje del 50%, aplicable en los territorios de Ceuta y Melilla, por una cantidad fija de 262 euros vinculada a la formación y la contratación indefinida. Los gobiernos municipales, los sindicatos y las asociaciones empresariales de las dos ciudades han venido denunciando a lo largo de los últimos meses que esta modificación habría supuesto un daño considerable a las economías de Ceuta y Melilla.
Ahora, La Cámara de Comercio censura que el nuevo sistema de ayudas viene lastrado por su carácter excepcional, cuestiona la estabilidad del Régimen Económico y Fiscal de la Ciudad, supone el aumento de la burocracia y merma la tesorería de las empresas,
La directiva de la institución cameral advierte de que las ayudas tendrán carácter temporal –su vigencia alcanza hasta 2026-, lo que interpreta como falta de reconocimiento al derecho de los empresarios ceutíes a disponer de unas bonificaciones del 50% como hasta ahora.
La Cámara, además, critica que el modelo creado por el Gobierno central pone en entredicho el Régimen Económico y Fiscal de la ciudad. «El carácter excepcional de estas ayudas no permite la consolidación del Régimen y abre una puerta a la especulación sobre lo que ocurrirá dentro de tres años, generando desconfianza, que es lo contrario de lo que Ceuta necesita», mantiene la institución.
La entidad subraya, además, que las ayudas se entregarán a los beneficiarios a año vencido, lo que, según estima, puede suponer una quiebra de la tesorería de las empresas. «Dado que el plazo de resolución es de tres meses, tendrán que esperar hasta como mínimo mayo para cobrarlas», abunda el comunicado de la Cámara.
A esta relación de críticas se une la que augura un incremento de la burocracia y del coste para las empresas: «Un incremento burocrático para los departamentos de administración de las empresas y que muchos autónomos y pequeñas empresas no podrán hacer y tendrán que recurrir a expertos con el sobrecoste correspondiente».
Finalmente, la Cámara censura que el nuevo sistema no contemple ayudas para los trabajadores temporales, frente al régimen actualmente vigente, que sí lo hace. A juicio de la entidad, esta circunstancia afectará directamente al empleo de sectores que precisan de personal para el desarrollo de tareas ocasionales o con picos de trabajo, como el comercio o la hostelería.
La Cámara reclama una reforma legal del real decreto 1/2023 que consolide la bonificación del 50% para los empresarios de Ceuta y Melilla.
