Editorial

Funcionarios desbordados y averías sin fin: radiografía de la cárcel de Ceuta

El deterioro de las instalaciones, la falta de mantenimiento y la improvisación en la gestión han convertido el centro penitenciario de Ceuta en un espacio vulnerable, donde el riesgo crece cada día y la plantilla trabaja en condiciones precarias

photo_camera La Merced se celebró, pero muchos funcionarios habituales no fueron invitados. El salón se llenó con personal externo / Archivo

La situación actual del centro penitenciario ha generado una creciente preocupación entre los trabajadores y sectores sindicales, que alertan sobre un deterioro progresivo de las instalaciones y de la gestión interna.

Según fuentes internas, el estado de las infraestructuras es alarmante: fallos generalizados en la iluminación, puertas y cancelas inutilizadas, cámaras de vigilancia VISE fuera de servicio y barreras de acceso averiadas. Esta combinación de deficiencias obliga al personal a recurrir a métodos improvisados, como el uso de silbatos para solicitar paso, y deja el recinto completamente a oscuras durante la noche, con los riesgos que ello implica tanto para la seguridad como para la integridad de los vehículos del personal.

Durante el verano, varias unidades permanecieron sin aire acondicionado, lo que afectó directamente a las condiciones laborales del personal. Aunque las temperaturas han descendido, el problema evidenció una falta de mantenimiento preventivo.

En relación con el reciente incendio registrado en el centro, fuentes cercanas a los servicios de emergencia sostienen que se trató de un suceso evitable. Testimonios internos apuntan a que no fue un incidente fortuito, sino consecuencia directa del abandono estructural y la falta de revisiones técnicas.

Pese a este contexto, la dirección del centro ha defendido públicamente una supuesta mejora en materia de seguridad, como expresó durante el acto institucional de la Merced. Sin embargo, trabajadores consultados consideran que estos mensajes no se corresponden con la realidad operativa del centro.

La celebración de la Merced también ha sido objeto de críticas por parte de la plantilla. Algunos funcionarios habituales no fueron invitados al acto, mientras que se recurrió a personal externo para completar el aforo. Además, se otorgaron condecoraciones a trabajadores que, según denuncian fuentes sindicales, han sido objeto de críticas internas por parte de la propia dirección.

En el ámbito sindical, el expediente disciplinario abierto contra dos trabajadores conocidos como “el Pantera” y “el Epi” ha generado división entre la plantilla. Mientras algunos interpretan la medida como una represalia, otros han anunciado su intención de recurrirla. Cabe destacar que el subdirector del centro se encuentra imputado por una presunta agresión a un funcionario, un hecho que añade tensión al clima laboral.

La gestión diaria también presenta deficiencias en la planificación de permisos y vacaciones. Aunque recientemente se reconoció la labor del personal de mantenimiento, el centro continúa acumulando averías sin resolver y carece de repuestos básicos, incluso días después del incendio.

Actualmente, el funcionamiento del centro se mantiene gracias a la estabilidad de la población reclusa. Fuentes internas advierten que, de tratarse de una prisión con mayor número de internos, el sistema colapsaría.

En cuanto al equipo directivo, el subdirector de Seguridad es señalado como el único con experiencia suficiente para sostener la operativa diaria. El administrador ha manifestado su intención de abandonar el cargo, mientras que las subdirectoras recientemente incorporadas, aunque valoradas por su actitud, aún no cuentan con la experiencia necesaria para afrontar los retos del centro. La subdirectora de Régimen, apreciada por su trato humano, también enfrenta limitaciones técnicas para resolver los problemas estructurales.

El modelo de gestión actual, basado en la improvisación y la falta de transparencia, está generando un desgaste significativo entre el personal. Desde distintos sectores se reclama una respuesta institucional urgente que permita revertir una situación que, de prolongarse, podría derivar en consecuencias más graves.