La convicción de que el Gobierno marroquí ha adoptado la decisión firme de acabar con el porteo de mercancías a través de la frontera con Ceuta ya se ha instalado en las autoridades españolas. La suspensión de la actividad, decretada el pasado 9 de octubre, ha dejado a la Delegación del Gobierno en un trance que ha abocado a la institución a defender un controvertido mensaje ante la opinión pública a lo largo del último mes y medio. Sus reiterados anuncios de reapertura del paso peatonal de El Tarajal II y los correspondientes autodesmentidos han menoscabado la imagen de la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos. La delegada ha comprometido una comparecencia ante los medios de comunicación esta misma semana para ofrecer detalles sobre el actual estado de la cuestión.
Mientras, las autoridades españolas ya comienzan a evaluar el impacto que un fin definitivo del porteo supondría para la economía local y esboza cuál puede ser la respuesta institucional, que podría plasmarse en planes de contingencia y de ayuda a empresarios y trabajadores.
El nuevo rigor implantado por Marruecos en los controles fronterizos ha tenido su reflejo en los últimos días en el área de embolsamiento de vehículos de Loma Colmenar, una zona de estacionamiento creada para aliviar la densidad del tráfico rodado camino de la frontera. Las autoridades aduaneras marroquíes someten a inspecciones severas a todos los coches que cruzan el paso de El Tarajal, lo que se ha traducido en un notable incremento del tiempo que los conductores han de invertir para entrar al país vecino. La Delegación pretende disuadir a quienes viajen hacia Marruecos para que cumplan estrictamente con el régimen de viajeros y no transporten mercancías cuyo tráfico está siendo objeto de escrutinio por las autoridades del país vecino.
El jefe de gabinete de la Delegación, Juan Hernández, tiene previsto reunirse hoy con el nuevo jefe de aduanas marroquí. Hernández trató de hacerlo, sin éxito, la pasada semana.
