Las 140 medidas que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha propuesto para combatir los efectos de la crisis fronteriza son el resultado de una actitud que desprecia todo diálogo con los sindicatos y promueven el “aislamiento” de Ceuta. Éstos son solo dos de las objeciones que los sindicatos CCOO y UGT dedican en un documento conjunto a la propuesta del Gobierno municipal, defendida personalmente por el propio Vivas con el apoyo de Vox.
Los sindicatos consideran que las llamadas del presidente a cerrar un acuerdo social en torno a su documento y sus apelaciones a la unidad constituyen un “sarcasmo”, al tiempo que subrayan su impresión de que el Gobierno se ha distanciado de manera “premeditada y ostensible” de cualquier posibilidad de diálogo con los representantes de los trabajadores.
CCOO y UGT estiman que cualquier exhortación a la unidad llega lastrada por el aval que, a su juicio, ha concedido el Gobierno del PP al “discurso racista” de Vox. “Mientras el Gobierno siga secuestrado ideológicamente por la extrema derecha, carece de autoridad moral para liderar ninguna movilización en esta ciudad”, sostienen los sindicatos.
Las críticas de los sindicatos a las 140 medidas no paran, sin embargo, aquí. CCOO y UGT dudan de la eficacia de una propuesta en la que no se fijan plazos para la materialización de las iniciativas consignadas en el documento de Vivas. “Su mera enumeración sin establecer periodo alguno para su materialización lo convierte más que en un planeamiento serio en un intento de trasladar responsabilidades”, juzgan las centrales sindicales que, además, recuerdan que la mayoría de las medidas ahora propuestas fueron desatendidas para el Gobierno del popular Mariano Rajoy.
Aislamiento
Los sindicatos expresan su rechazo a una de las medidas más controvertidas de cuantas aparecen contenidas en el documento elaborado por el Gobierno: la eliminación de la excepción del Tratado de Schengen que permite a los marroquíes residentes en la provincia de Tetuán entrar en la ciudad sin visado. Tras acusar a los populares de pretender erigir un “muro jurídico” entre Ceuta y Marruecos, CCOO y UGT abogan por promover la integración de la ciudad en la Unión Aduanera para reclamar la implantación de una aduana comercial. “Resulta contradictorio que ante los intentos de Marruecos por aislar a Ceuta y Melilla, nuestra respuesta sea poner en marcha medidas que abundan en esa misma dirección”, plantean los dirigentes de las dos centrales sindicales.
Menores no acompañados
Las referencias del documento de las 140 medidas a la situación de los menores marroquíes no acompañados residentes en la ciudad son para los sindicatos un mero intento del Gobierno de conseguir que partidos y agentes sociales convaliden su discurso sobre la inmigración. “No existe relación alguna entre la crisis económica y la política de menores”, sentencian los sindicalistas.
Presupuestos, REF e IPSI
CCOO y UGT censuran la falta de referencias al uso de los Presupuestos de la Ciudad como instrumento para enfrentar la crisis, el “olvido” de menciones a los beneficios que la pretendida reforma del Régimen Económico Fiscal Especial (REF) habría de procurar a los sectores sociales más desfavorecidos y los planteamientos fiscales que maneja el Gobierno. “Rebajar más el IPSI abre la brecha entre precios de la Península y de Ceuta incentivando la compra en Península, ya que al descontar el IVA la ventaja es superior”, argumentan los sindicatos.
Abaratamiento del billete de barco
Las centrales sindicales también muestran su desacuerdo con la pretensión del Gobierno de propiciar una rebaja de los precios del pasaje de barco mediante aportaciones de fondos públicos. CCOO y UGT consideran que la alternativa más razonable es poner fin al oligopolio que mantienen las navieras que operan en el Estrecho: “Es necesario abaratar el precio del billete, no que lo paguen todos los ciudadanos con sus impuestos”.
Ceuta, comunidad autónoma
CCOO y UGT defienden la apertura del proceso que debería convertir la Ciudad en comunidad autónoma como un medio para poner fin a las incertidumbres que se ciernen sobre el funcionamiento económico de la Administración local.
