Finalizar con la excepcionalidad a Schengen, que permitía hasta marzo de 2020 a los ciudadanos de la provincia de Tetuán la entrada a Ceuta sin visado, se ha convertido en uno de los principales caballos de batalla del Gobierno de la Ciudad con su presidente a la cabeza. Cualquier intervención de Juan Vivas desde hace más de un año incluye su petición, exigencia o demanda a Madrid para conseguir “una normalidad fronteriza”. Sin bien, queda bien clara la postura de Ceuta, más difusa, incierta y, casi, desconocida ha sido la del Gobierno de Sánchez, que siempre se ha mostrado esquivo con una cuestión que no es muy del agrado de Marruecos.
Sin embargo, la reapertura de la frontera supuso el establecimiento de un estado de provisionalidad que ha llevado aparejado- hasta el día de hoy y, mínimo, hasta el 15 del próximo diciembre-, la exigencia de visado a todos aquellos ciudadanos con origen de terceros países. Es decir, que no fueran nacionales o de la Unión Europea. La excepción no se está aplicando, y desde cualquiera de las administraciones- ya sea local, o central a través de la Delegación del Gobierno-, han reiterado las bondades del actual funcionamiento del Tarajal. Los datos hablan por sí solos, ha manifestado este martes Vivas: “De 30.000 personas que cruzaban antes de marzo de 2020, hemos pasado a 3.000 pases diarios, que mejoran tanto las capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como también es notable el impacto en Sanidad, Educación, menores, el desarrollo del Puerto, y en la Caída de la economía irregular y las contrataciones de esta naturaleza”.
Cifras que también barajan desde Madrid donde ahora sí han dado un paso al frente. Sigiloso, pero con una clara determinación o, al menos, intención: la frontera debe continuar como reabrió en mayo, con exigencia de visado para todos, pero de forma definitiva. “Tengo conocimiento de que el Gobierno está trabajando en cómo abordar la cuestión. Ahora mismo, las resoluciones que se están adoptando por las que se exige visado están argumentadas por cuestiones de índole sanitaria. Por eso queremos que se sustituya por algo estable y permanente, y para eso habrá que revisar la excepción. Y para hacerlo, que tiene tres elementos característicos, hace falta conocer cuál es el procedimiento jurídico que requiere esa revisión”, ha expresado el líder del Ejecutivo local.
Ese proceder para suprimir la excepción y que tiene como último escalón la petición de España a la Unión Europea para que lo materialice (puesto que fue el Gobierno central quien pidió aplicarla cuando accedió al espacio comunitario) se está traduciendo, según ha deslizado Vivas, en conocer cómo modificar esa declaración particular que demandó el Ejecutivo de Madrid en los años 80. “Y en eso están trabajado los servicios jurídicos de los ministerios del Exteriores e Interior. Y por tanto, hay que darles el margen de tiempo necesario, para que se produzca una resolución consistente”.
Un trabajo que se puede prolongar meses y, por tanto, mantendría vigente durante dicho periodo la actual provisionalidad que marca el régimen de viajeros en el Tarajal, que continúa respaldándose en cuestiones de índole sanitaria.
