Afectados por Hacienda aplaude y se suma a la iniciativa de los sindicatos de la Policía y de los funcionarios de prisiones, confirmando su asistencia en la concentración que se va a realizar el próximo 16 de junio a las 11.00 horas en la Plaza de los Reyes denunciando las irregularidades cometidas por el Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria de Ceuta en cuanto al tema de la residencia.
"Invitamos a todos aquellos afectados que hayan recibido alguna comunicación injusta por parte de la Agencia Tributaria, independientemente de cuál sea su profesión o circunstancia, dado que las incorrecciones detectadas se extienden a otros temas, como son la situación de los arrendadores, intereses de cuentas bancarias, deducciones por adquisición de vivienda,rentas imputadas y situaciones familiares están también causando un grave trastorno a familias enteras en nuestra ciudad, siendo éste el momento idóneo para manifestar la repulsa frente a las actuaciones al margen de la Ley llevadas a cabo desde la delegación de Ceuta", aseguran los afectados a través de una nota remitida.
A los afectados por Hacienda les resulta "llamativo" que sindicatos, asociaciones y la ciudadanía en general necesiten manifestarse para que se le aplique la regulación vigente. "Recordemos que en la actualidad cientos de familias se encuentran en estos momentos inmersos en procedimientos administrativos y judiciales por la mala praxis llevada desde la Agencia Tributaria, en la que no se aplica la ley, sino una interpretación muy subjetiva de lo que determinados funcionarios de esa delegación consideran que debería ser la Ley", exponen.
La Asociación asegura haber estudiado con detenimiento más de 600 casos respecto al tema de la residencia del contribuyente en Ceuta y Melilla, "pudiendo constatar que en ninguno de ellos se ha aplicado la Ley. No sólo hay irregularidades en esta materia, sino en prácticamente casi todas relacionadas con el IRPF".
El departamento de gestión de la Agencia Tributaria, continúan exponiendo, parte de premisas falsas que no están contemplada en la ley. "La primera de ellas es que el contribuyente debe permanecer más de 183 días en una determinada localidad. La segunda es que diga lo que diga el contribuyente y aporte lo que aporte, siempre es culpable. La tercera es que las pruebas aportadas por el contribuyente no valen, ninguna vale, sólo valen los indicios que ellos proponen. La cuarta es que el certificado de residencia no es prueba de residencia (en clara alusión de que el Ayuntamiento no trabaja bien)".
