Laboral

CCOO exige la actualización de las nóminas del personal laboral de la AGE

Postigo, segundo por la derecha, en una rueda de prensa (C.A./ARCHIVO)
photo_cameraPostigo, segundo por la derecha, en una rueda de prensa (C.A./ARCHIVO)

El sindicato anuncia que promoverá movilizaciones para forzar al Gobierno a cumplir lo acordado en el convenio único firmado el año pasado. La situación afecta a 450 trabajadores en Ceuta.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO) ha anunciado que promoverá movilizaciones una vez concluido el estado de alarma para exigir la actualización de las nóminas del personal laboral de la Administración General del Estado, un grupo profesional que en Ceuta reúne a 450 trabajadores. El sindicato acusa al Gobierno central de incumplir lo estipulado en el convenio único suscrito el pasado año sobre salarios y le exige que abone los 35 millones de euros en atrasos que adeuda a unos 40.000 tabajadores.

El IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado entró en vigor en mayo de 2019 tras tres años de negociación. “Ni las mejoras retributivas, que venían a iniciar la recuperación después de una pérdida de poder adquisitivo superior al 14 % desde 2008, ni otras mejoras laborales comprometidas se están aplicando”, acusa el sindicato.

FSC-CCOO critica también que pese al año transcurrido tampoco se ha ejecutado la adaptación y encuadramiento de los puestos al nuevo sistema de clasificación profesional. El sindicato lamenta que, tras haber impulsado el avance de ese encuadramiento, el Gobierno informe ahora de la falta de disponibilidad presupuestaria adoptando una actitud que el secretario general de la FSC-CCOO en Ceuta, Emilio Postigo, considera “falta de lealtad”.

Según detalla el sindicato, Hacienda ha alegado en el transcurso de una reunión mantenida ayer que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y 2020 y la consiguiente prórroga por dos veces de los correspondientes a 2018, hacen imposible ejecutar las medidas económicas acordadas.

 “En un momento como el actual, añadir incertidumbre sobre cuándo se pagarán los atrasos de más de un año es un varapalo para estas trabajadoras y trabajadores públicos, y supone una pérdida de confianza en las intenciones del Gobierno”, concluye Postigo.

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