Las aguas corren turbulentas por las oficinas sindicales de la Ciudad. La guerra se ha declarado en los bandos que configuran, por un lado, CSIF y UGT, y, por otro, CCOO. La firma por todas las secciones sindicales con el Gobierno municipal de la oferta pública de empleo para 2023 no puede interpretarse como síntoma de pacificación de las relaciones. Tampoco la rúbrica del acuerdo, también avalado por los tres sindicatos, por el que la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública se compromete a avanzar en la satisfacción de algunas de las más viejas reivindicaciones de los representantes de los trabajos. De hecho, este último acuerdo no ha hecho sino escenificar la batalla fratricida que ya se ha iniciado.
CCOO sostuvo en un comunicado que sus aportaciones a este acuerdo habían «mejorado» las propuestas defendidas por CSIF y UGT. Estos, a su vez, remitían a los medios una nota en la que se obviaba a CCOO como firmante del acuerdo e, incluso, se hacía desaparecer a sus representantes de la foto de grupo tomada por los sindicalistas con la consejera Kissy Chandiramani.
El delegado en la junta de personal de la Ciudad por CSIF Ricardo Martínez reconoce su «preocupación» por este estado de cosas, aunque no duda en señalar a CCOO como responsable: «No puedo firmar un documento con alguien que mañana va a decir que no está de acuerdo. Es ilógico sentarme a pactar nada con alguien que me dice que no tiene intención de cumplir sus acuerdos. Esto nos hace muy difícil sentarnos con CCOO para pactar algo».
Pero más allá de las diferencias entre sindicatos, los últimos días parecen haber resultado fructíferos para las aspiraciones de los empleados públicos de la Ciudad. La celeridad con la que se ha acordado con el Gobierno la OPE 2023 no ha dejado de resultar sorprendente. Una negociación cerrada con éxito a la que siguió, casi sin solución de continuidad, la de un acuerdo para despejar los obstáculos que hasta la fecha han impedido ver atendidas reivindicaciones clásicas de los trabajadores municipales.
Una de ellas, la redacción de una relación de puestos de trabajo (RPT), una herramienta que la Ciudad ha sido incapaz de darse a sí misma hasta la fecha. «No tenemos una organización interna lo suficientemente buena y estable que nos diga de qué número de puestos disponemos o cuáles son las necesidades que van surgiendo», explica Martínez para mostrar las consecuencias que ha traído consigo la falta de la RPT.
El sindicalista no duda de que una herramienta como la RPT resultaría extremadamente beneficiosa para los trabajadores de la Ciudad. «Una RPT ofrece un nivel de garantía, organización y seguridad laboral que supera con creces los beneficios de cualquier incremento retributivo que podamos tener», sostiene el sindicalista de CSIF, quien censura otras prácticas sindicales orientadas a exigir principalmente mejoras salariales.
«¿No es más importante que allí donde somos dos y necesitaríamos ser cinco lleguemos a ser realmente cinco?», se pregunta.
Martínez pone todas sus esperanzas en un acuerdo que considera rompe con las dinámicas históricas en el ámbito de la negociación entre sindicatos y Gobierno. El acuerdo contempla otras reivindicaciones, como la firma del Acuerdo Regulador-Convenio Colectivo, cuya vigencia decayó en 2007, el impulso a complementos como el denominado plus de pantalla o los procesos de funcionarización.
Paralelamente, CSIF insiste en la demanda, compartida por todos los sindicatos, de incrementar el número de empleados públicos en la Ciudad. CSIF ha cifrado en 300 el número de trabajadores que resultaría necesario incorporar. «Cuando decimos 300 no es porque nos hayamos sacado el número de la chistera. Durante los últimos 15 años han desaparecido puestos de trabajo que han sido amortizados por la Administración, una merma que nunca se ha repuesto. Y ahora las cosas están más complicadas que hace 15 años y, obviamente, las plantillas son mayores que entonces».
