El ministro de Función Pública, Óscar López, se ha comprometido a abonar “en breve” la subida adicional del 0,5 % pendiente del año anterior, un día después de que el sindicato CSIF registrara una queja formal dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Ministerio de la Presidencia.
El Ejecutivo aún no ha efectuado el pago correspondiente a dicha subida adicional, destinada a corregir la variación del IPC acumulada en los años 2022, 2023 y 2024. Ante esta situación, CSIF ha reclamado que se abonen estos atrasos sin más dilación mediante un real decreto, y ha instado a la convocatoria urgente de la mesa de negociación para abordar otros asuntos pendientes, como un nuevo acuerdo salarial —dado que las empleadas y empleados públicos aún desconocen la subida correspondiente al presente ejercicio— y la oferta de empleo público, exigiendo la eliminación de la tasa de reposición.
Según cálculos del sindicato, basados en las retribuciones medias del sector, la congelación salarial ha supuesto ya una retención de 1.200 millones de euros para el conjunto del personal empleado en las administraciones públicas. Además, como resultado de la evolución de los precios —el último IPC, correspondiente al mes de abril, reflejó un incremento del 2,2 %—, el colectivo ha experimentado una pérdida de poder adquisitivo del 8,2 % desde la firma del último acuerdo salarial y de cerca del 20 % desde la reducción de sueldo decretada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.
Desde CSIF consideran que, más allá del anuncio relativo al abono del 0,5 % pendiente, resulta imprescindible iniciar una negociación orientada a un nuevo acuerdo de legislatura que contemple, entre otras cuestiones:
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Una nueva oferta de empleo público para 2025, eliminando la tasa de reposición.
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La implantación de la jornada laboral de 35 horas en todo el Estado, así como el desarrollo de la carrera profesional en todas las administraciones y la regulación efectiva del teletrabajo.
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La equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas, bajo el principio de “igual trabajo, igual salario”.
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La recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010.
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La mejora de las condiciones de jubilación tanto en el Régimen General como en Clases Pasivas, incluyendo una regulación inmediata que permita el acceso a la jubilación parcial para todo el personal empleado público.
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La adecuación de los grupos profesionales en el conjunto de las administraciones.
