«No sé si las condiciones son buenas o son malas», señala uno de los trabajadores de las Brigadas Verdes que aún no sabe si irá a votar o no; o cual será el sentido de su voto en una de las decisiones más importantes de su vida, porque afecta «al pan» de sus hijos, a su modo de ganarse la vida. Una decisión que tendrá que tomar este trabajador entre las 9 y las 13 horas de este miércoles 30 de noviembre.
Las Brigadas Verdes es «un monstruo que ahora se los come», apuntado hacia la Ciudad, «difícil de manejar» para el Gobierno que está en manos de la Federación Provincial de la Asociación de Vecinos (FPAV) que ha manejado, durante los últimos 15 años, una partida presupuestaria muy importante destinada a los servicios que prestan las Brigadas Verdes pero, ahora, la Ciudad da a elegir a los trabajadores entre la absorción por TRAGSA o la permanencia en la FPAV y «las presiones» con, incluso, «actitudes mafiosas» han aparecido en los teléfonos de algunos de los trabajadores de las Brigadas, en forma de mensajes de WhatsApp.
Los trabajadores denuncian que su voto se va a basar en un «acto de fe» dado que tendrán que tomar esta decisión sin conocer las condiciones del traspaso, una situación preocupante porque temen perder su antigüedad laboral que les puede perjudicar en sus prestaciones cuando llegue su jubilación, por ejemplo.
A todo esto se suman los «nombramientos» de nuevos coordinadores para favorecer a trabajadores «afines a familiares, presidentes de barriadas y sindicalistas». Una denuncia en un documento pasado por registro y firmado por una decena de trabajadores que denuncian una «ilegalidad flagrante», que se sustenta en el convenio firmado con la Ciudad en el año 2017 en el que se añadió una adenda por que se prohibía «explícitamente cualquier tipo de subida salarial».
Puede parecer que un documento firmado por apenas 12 trabajadores no es representativo pero «ya se ha dedicado el presidente de la Federación de amenazar», enviando a sus acólitos para que no muestren sus disconformidad y no se hagan señalamientos públicos contra la FPAV.
Los firmantes apuntan que varios de los «beneficiados son sindicalistas y miembros pertenecientes al comité de empresa», reprochando que estos «deberían de velar y luchar por el cumplimiento de forma escrupulosa por los derechos de los trabajadores y ceñirse a la legislación vigente en estos procesos selectivos».
Los trabajadores, que han mostrado públicamente su descontento con la situación y el secretismo, exigen que se tomen «medidas correctivas para revertir esta situación escandalosa que es totalmente ilegal» y señalan la intención de denunciar lo que consideran «irregularidades por los cauces legales así como en los medios de comunicación» y que han dejado constancia de sus quejas en el escrito presentado en el registro de la propia FPVA.
