El encarcelamiento del exministro marroquí y destacado abogado de derechos humanos Mohamed Ziane, de 80 años, ha desatado una controversia política acerca de la responsabilidad que cabe al Gobierno español de brindar algún tipo de apoyo al veterano activista ahora en prisión. Ziane que posee la nacionalidad española, fue condenado «in absentia» a tres años de prisión por cargos tales como «ofensa a funcionarios públicos y la Justicia», «injuria contra un cuerpo constituido», «difamación», «adulterio» o «acoso sexual». Agentes de los cuerpos de seguridad marroquí detuvieron y condujeron a prisión a Ziane apenas una hora después de que el Tribunal de Apelación de Rabat confirmara su sentencia.
El abogado había criticado públicamente las reiteradas ausencias del país de Mohamed VI, al que reprochaba desentenderse de los problemas del país, y solicitaba su abdicación en su heredero, el joven príncipe Mulay Hassan.
El pasado noviembre, varios diputados del PP presentaron en el Congreso una batería de preguntas en las que interrogaban al Gobierno sobre si había mostrado interés por el caso de Ziane y si existían comunicaciones a este propósito con las autoridades marroquíes.
La respuesta del Gobierno español, ofrecida un día antes del inicio de la Reunión de Alto Nivel que se celebró los pasados días 1 y 2 de febrero, constituyó toda una evasiva. «Tanto en sus contactos bilaterales como en el marco del diálogo de la Unión Europea con los distintos Estados, España suscita las cuestiones relativas a los Derechos Humanos, de manera global y en los casos particulares”, fue la contestación del ejecutivo de Pedro Sánchez.
Algunos medios afines a Rabat, han criticado la actitud del PP, al que acusan de agitar un asunto que puede perjudicar la recuperación de las relaciones hispano-marroquíes.
