Comisiones Obreras (CCOO) ha instado a que la anunciada reforma de la Ley de Dependencia ponga el foco en la mejora de la financiación pública para los servicios profesionales destinados a las personas dependientes. En un comunicado emitido, el sindicato ha señalado que, en la actualidad, la creciente dependencia de prestaciones económicas vinculadas al cuidado familiar y a servicios privados amenaza con generar un escenario de infra-protección para muchas personas.
Actualmente, un 41,5% de las personas dependientes son atendidas por familiares mediante una prestación económica, que la Ley establece como “excepcional”. CCOO destaca que, a pesar de este carácter excepcional, más de 600.000 personas dependientes se encuentran bajo este modelo, en su mayoría cuidadas por mujeres, que asumen esta labor en su mayoría como hijas, madres o cónyuges. El sindicato también ha subrayado que un 7% de los cuidadores tienen más de 80 años, lo que incrementa la carga sobre estos familiares.
En cuanto a las prestaciones económicas vinculadas a servicios privados, que afectan al 14,8% de los dependientes, CCOO alerta sobre el riesgo de exclusión que conlleva este sistema, dado que implica un “doble copago” por parte de las familias. Se trata de una prestación económica que la Ley también limita a utilizar sólo “cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado”, ya que exige un doble copago de las personas dependientes o de sus familias. Actualmente reciben estas prestaciones algo más de 200.000 personas, que dedican en su mayoría a financiar una parte del coste de una plaza en un centro residencial privado. Las personas dependientes deben cubrir, en primer lugar, una parte de la cuantía inicial de la prestación, que se reduce según la renta, y luego, la diferencia entre la cuantía reconocida y el coste real del servicio privado contratado. Este modelo, según el sindicato, aumenta las desigualdades y puede dejar fuera a muchas personas que no pueden afrontar estos gastos adicionales.
En este contexto, CCOO insiste en que la reforma de la Ley de Dependencia debe orientarse a garantizar que los servicios profesionales públicos o concertados, como la ayuda a domicilio o las residencias, reciban una financiación adecuada y suficiente. Actualmente, más de 640.000 personas dependientes se benefician de estos servicios, con más de 525.000 profesionales trabajando para ofrecer una atención de calidad.
Para el sindicato, reforzar la red de servicios profesionales debería ser una prioridad en la reforma, buscando asegurar una cobertura de calidad y sostenible para las personas dependientes en todo el territorio nacional.
