El Ministerio de Sanidad ha publicado recientemente el último informe anual sobre la prestación de ayuda para morir en España. Este, correspondiente al año 2023, revela que Ceuta y Melilla han sido las únicas autonomías que no han presentado ninguna solicitud y, por consiguiente, tampoco han recibido ninguna resolución al respecto. A nivel nacional, 2023 ha experimentado un repunte de solicitudes sobre la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia (LORE), llegando a las 766 y siendo este el mayor cómputo desde que entrase en vigor la ley, el 25 de junio de 2021.
Tal y como informa el Ministerio de Sanidad, desde la entrada en vigor de la LORE y hasta el 31 de diciembre de 2023, se han atendido 1.515 solicitudes de prestación de ayuda para morir: 173 durante 2021; 576 en 2022; y 766 durante el año 2023. Estos datos muestran una tendencia a alza en lo que respecta a esta solicitud, siendo, el perfil más frecuente, personas entre 70 y 79 años; y, en lo que a enfermedades respecta, las oncológicas y neurológicas, ambas en un 35% de los casos.
La distribución de las 766 solicitudes de eutanasia registradas en todo el territorio nacional, lleva a Cataluña en la cabeza, con 219 solicitudes, seguida de Madrid con 89; Canarias 62, País Vasco 58, Comunidad Valenciana 56, Andalucía 43, Galicia 41, Islas Baleares 37, Asturias 33, Castilla-La Mancha 28, Castilla y León 27, Navarra 24, Aragón 22, Cantabria 19, La Rioja 4 y Extremadura y Murcia, ambas con 2 solicitudes.
El informe aporta numerosos datos, siendo reseñable que la mayoría de las personas solicitantes, con enfermedades graves, poseen capacidad de hecho al inicio de la solicitud (95%), mientras que un 15% estaban en riesgo inminente de perder dicha capacidad. Por otro lado, se menciona que, en relación con el tiempo transcurrido desde la solicitud de la ayuda, el 25% de las personas fallecieron antes de resolverse la misma, siendo el tiempo medio desde la solicitud hasta el fallecimiento de 30 días.
Solo un mínimo de personas, un 3%, cambia de opinión una vez lanzada la solicitud, por lo que revocan la prestación. Asimismo, el número de solicitudes denegadas fue del 24%, de las que, tras las correspondientes reclamaciones ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Eutanasia (CGyE), fueron estimadas favorables un 58% de las solicitudes reclamadas.
La LORE nació para dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual, introduciendo, así, un nuevo derecho individual en nuestro país: la muerte digna.
