Ingesa ha abierto 21 procesos por agresiones a su personal desde 2019

Hoy se conmemora el Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios.

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El Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha abierto desde 2019 21 procedimientos por agresiones contra su personal. Durante el pasado se comunicó una decena de agresiones, aunque solo siete acabaron en denuncia.

Los centros de Atención Primaria y de Atención Especializada realizaron durante el pasado año más de 600.000 y 90.000 consultas, respectivamente.

Una de las agresiones físicas sufridas por el personal de Ingesa el año pasado acabó en una sentencia condenatoria con una pena de multa. En aquella ocasión, fueron tres los trabajadores que denunciaron a un mismo agresor.

Otro de los incidentes supuso para el denunciado una condena por atentado de cuatro meses de prisión y multa. Resultado distinto cosecharon las agresiones verbales denunciadas en 2022, en las que no hubo sanción judicial.

Ingesa publica estos datos coincidiendo con la celebración hoy del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios. «Esta jornada debe servir para manifestar y volver a declarar nuestra tolerancia cero frente a esta lacra», confía Ingesa en un comunicado. Las autoridades sanitarias han animado a los profesionales a comunicar cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal.

 

Protocolos

Ingesa dispone de protocolos para dispensar el asesoramiento necesario a las víctimas de estas agresiones con el propósito de emprender acciones legales, siempre manteniendo el anonimato. Todas las solicitudes son tramitadas por la Gerencia y remitidas a la Dirección Territorial que, posteriormente, las envía a la Asesoría Jurídica Central. En dicho envío se aporta. por cada procedimiento, la denuncia que ha interpuesto el agredido ante la policía, dichas solicitudes, así como escrito de la Gerencia.

Además, desde 2017 existe la figura del Interlocutor policial sanitario, quien es informado de cualquier agresión que se comentan en los centros de Ingesa. La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial es considerada como un delito de atentado por los tribunales de justicia.