En los últimos días, el runrún sobre una supuesta privatización de la atención en Salud Mental ha ido creciendo por pasillos, redes y comunicados sindicales. INGESA, cansado de ver cómo la bola se hacía más grande que los hechos, ha decidido poner pie en pared: no se está privatizando nada.
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria lo dice sin rodeos. Ni externalización, ni cierre de servicios, ni un plan oculto para dejar la Salud Mental en manos de terceros. Según explican, lo que hay es una situación tan poco habitual como incómoda: dos de los cinco psiquiatras están de baja al mismo tiempo, algo que en un sistema público es casi una alineación planetaria.
Con ese panorama, INGESA asegura que no le queda otra que cubrirse las espaldas. ¿Cómo? Con un contrato puntual de apoyo, una especie de red de seguridad para que nadie se quede sin consulta cuando los recursos propios no dan más de sí. Lo presentan como un parche temporal, no como un cambio de modelo.
Lejos de debilitar el área, el organismo insiste en que está reforzándola. Y pone cifras: el equipo de Psicología ha pasado de dos a cuatro profesionales, con una división clara entre atención infantil-juvenil y de adultos. Además, recuerdan que sigue activo el concierto con la Clínica Virgen del Rosario de Algeciras para los menores que requieren seguimiento especializado, siempre dentro de un circuito regulado y supervisado desde Ceuta.
La clave, dicen, está en no confundir conceptos. Externalizar sería entregar toda la atención a un tercero, algo que —subrayan— no está ocurriendo ni se contempla. Lo que se ha activado es un apoyo limitado para momentos de falta puntual de especialistas. Nada más.
INGESA también lanza un dardo a quienes han encendido la alarma: algunas organizaciones sindicales estarían difundiendo mensajes “falsos y alarmistas”, más vinculados —según el organismo— a intereses políticos que a la defensa real de la sanidad pública. La situación, aseguran, no es insostenible, y se está gestionando con planificación y sentido común.
El mensaje final es claro: la asistencia pública está garantizada, hoy y mañana. Y si hace falta reforzar, se refuerza. Pero de privatización, dicen, nada de nada.
