El Ministerio de Sanidad implementará un acuerdo marco dirigido a seleccionar proveedores para dotar de salas de radiología a distintos sistemas de salud, entre ellos el ceutí. El acuerdo, que ha recibido este martes el visto bueno del Consejo de Ministros, se cerrará por un valor estimado de 70.540.451 euros con Ceuta, Melilla, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y Comunidad Valenciana, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El Plan de Acuerdos Marco de Equipos de Alta Tecnología Sanitaria del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) (Plan AMAT-I) pretende dar continuidad a los objetivos, que se fijaron con el Plan INVEAT, de reducir la obsolescencia del parque tecnológico de equipos de alta tecnología del Sistema Nacional de Salud, aumentar las capacidades diagnósticas de los centros mediante la mejora de la banda tecnológica de los equipos a renovar y ampliar el parque tecnológico.
Una parte importante de los equipos de diagnóstico por imagen, como los de radiología convencional, de mamografía y de ecografía no se pudieron incluir en el Plan INVEAT. En el caso de los equipos de radiología, más de la mitad llevan, al menos, una década instalados y, de estos, el 50% están basados en tecnología analógica para la obtención de imagen, lo que limita mucho la implementación y utilización de las nuevas tecnologías de gestión y distribución de imágenes. Una situación semejante la presentan los equipos instalados de ecografía, que además tienen un ciclo de vida más corto debido a la constante incorporación de innovaciones tecnológicas.
El Ministerio de Sanidad considera que esta situación reclama la renovación de estos equipos y la compra centralizada a través de acuerdos marco a los que se adhieren voluntariamente los servicios de salud de las comunidades autónomas, del Ingesa y organismos de la Administración del Estado que manifiestan su interés. Este proceso de racionalización es una técnica de agregación de la demanda que permite que las administraciones públicas sumen sus necesidades y actúen de forma coordinada en el mercado para obtener eficiencia en el gasto y una mejor utilización de los recursos públicos, de manera que se puedan estandarizar las condiciones de adquisición, mejorar la posición de negociación y el precio final, y hacer más eficiente el proceso de contratación.
