Las Juntas de Personal de las Áreas de Salud de Ceuta y Melilla han elevado el tono frente al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) al exigir la implantación “real y efectiva” de la jornada laboral de 35 horas semanalesen todos los centros sanitarios dependientes del organismo.
La reivindicación llega tras la aprobación del acuerdo en el ámbito de la Administración General del Estado, cuya aplicación —denuncian— no puede quedarse en el plano teórico. “No es aceptable que la reducción de jornada permanezca recogida en documentos sin materializarse en la práctica asistencial”, sostienen.
Desde las Juntas de Personal alertan de que este tipo de situaciones no son nuevas. Recuerdan que el Real Decreto 118/2023 ya reconocía la singularidad de Ceuta y Melilla al considerar estos destinos como de difícil cobertura, habilitando medidas específicas para atraer y retener profesionales. Sin embargo, aseguran que más de tres años después, estas iniciativas siguen sin desarrollarse.
En este contexto, advierten de que no puede repetirse el mismo patrón con la jornada de 35 horas, que debe aplicarse “de manera efectiva, homogénea y adaptada” a la realidad de los servicios sanitarios en ambas ciudades.
Exigencias concretas al INGESA
Las Juntas de Personal han trasladado una serie de demandas claras al organismo gestor de la sanidad pública:
- La implantación inmediata de la jornada de 35 horas en Ceuta y Melilla.
- Su aplicación efectiva en los calendarios laborales y en la organización de los servicios.
- La presentación de un cronograma detallado y verificable.
- La apertura urgente de un proceso de negociación en la próxima Mesa Sectorial del 23 de abril.
Advertencia sobre el impacto en el sistema
Los representantes de los trabajadores advierten de que la reiteración de anuncios sin ejecución está provocando un deterioro progresivo de la confianza en la Administración, con consecuencias directas sobre la estabilidad de las plantillas y la calidad del sistema sanitario.
En este sentido, hacen un llamamiento a la “responsabilidad institucional” para que los compromisos adquiridos se traduzcan en medidas concretas, evaluables y con impacto real en las condiciones laborales de los profesionales.
