Ceuta es uno de los ocho territorios españoles donde se dificultan el acceso a permisos y la concesión de adaptación al puesto de trabajo a enfermeras y fisioterapeutas embarazadas. Esta es la denuncia que ha formulado el sindicato de enfermería Satse, cuyos responsables denuncian que en estas autonomías no se vela por la protección de estas profesionales cuando se encuentran en estado de gestación. Además de Ceuta, Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Euskadi y Madrid son las comunidades señaladas por el sindicato.
.Sastse sostiene que estas trabajadoras se ven expuestas a diario a riesgos que pueden afectar a su salud o a la de sus hijos no nacidos. Además, denuncia el retraso generalizado en la concesión de permisos por riesgo de embarazo, una situación que, entre otros motivos, atribuye a la falta de protocolos que fijen una reglas uniformes. Así, el sindicato ha advertido diferencias de criterio en cuanto a la semana de concesión y en las valoraciones entre los inspectores del Instituto Nacional de Seguridad Social y de la mutua correspondiente.
«En la concesión del permiso por riesgo de embarazo existe una variabilidad y discrecionalidad significativa según el servicio donde se trabaja (unidades de cuidados intensivos, urgencias, etc), encontrándose también que el trato esdiferente según la gerencia o centro sanitario, incluso dentro de la misma comunidad autónoma», señalan los sindicalistas en un comunicado.
Junto a ello, Satse critica la inexistencia generalizada de puestos de trabajo establecidos y regulados específicamente para que puedan ser desempeñados por las trabajadoras embarazadas durante los meses de gestación. El sindicato demanda la aprobación de una normativa que ponga fin a la arbitrariedad y una protección efectiva de las profesionales.
La gestión de la adaptación del puesto de trabajo, que se encarga de evaluar y recomendar el servicio de prevención correspondiente, es otra de las preocupaciones expresadas por Satse. Según detalla el sindicato, cuando esta adaptación no es posible por no haber puestos disponibles, el trámite se sustancia a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social o la mutua. «Aquí se alarga el plazo para la concesión del permiso y se deja al criterio del inspector o de dicha entidad la resolución del mismo, lo que puede conllevar una arbitrariedad en su apreciación, variando ampliamente, según el caso, la semana de gestación en la que se concede la baja», se quejan los sindicalistas.
Satse critica que muchas comunidades carecen de protocolos acordados sobre esta materia, y en las que existen, su aplicación no se ejecuta de manera homogénea.
