A comienzos de año, la Fundación Márgenes y Vínculos lanzaba la voz de alarma ante el incremento que sus responsables decían haber advertido en el número de casos de violencia sexual sobre menores cometidos en Ceuta. La oenegé campogibraltareña desarrolla en los centros escolares ceutíes un programa dirigido a prevenir la violencia y los abusos sexuales que tienen a los niños como víctimas, una tarea en la que está empeñada desde 2018.
En abril, el director del Área de Prevención de la Federación, Francisco Pérez, aseguraba que en los últimos diez años las denuncias por violencia sexual infantil habían pasado de 7 a 27: 15 sobre menores de 13 años (9 chicos y 6 chicas) y 12 contra adolescentes de entre 14 y 17 (3 varones y 9 mujeres).
La experiencia de los profesionales implicados en la represión de este tipo de delitos y en la atención a sus víctimas revela que la mayoría de los abusos sobre son cometidos por un conocido o familiar del menor, lo que ayuda a convertir este tipo de conductas criminales en un generador de alarma social.
La crónica negra de los abusos en Ceuta es un claro ejemplo de ello. Los casos que más indignación han causado en la opinión pública local se han suscitado en el entorno escolar o en los centros dedicados a la atención de los menores migrantes que residen solos en la ciudad.
Docentes señalados
El primer de los casos de la relación de esta crónica negra se remonta a 2017. Aquel año, un conocido profesor del colegio San Agustín, ya jubilado, fue detenido por abusos a menores. La Sección VI de la Audiencia Provincial de Ceuta lo condenaba en junio del año pasado a 18 años y 6 meses de prisión por los delitos de abusos sexuales a menores de 16 años y tenencia de pornografía infantil.
El pasado día 16 se conocía que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificaba la sentencia de la Audiencia, en una resolución que atendía parcialmente el recurso presentado por el procesado. El TSJA reducía en cinco años la condena inicialmente impuesta al maestro al estimar que la presunta víctima de abusos había cumplido 16 años cuando se produjeron los hechos y no apreciar falta de consentimiento.
Meses después de la detención del profesor del San Agustín, el 6 de marzo de 2018, era arrestado un hombre de 50 años, conserje en el colegio Lope de Vega, por las denuncias presentadas contra él por los padres de sus víctimas: doce niñas de entre 6 y 10 años. El acusado, un trabajador de los Planes de Empleo, era juzgado en noviembre de 2019 y condenado a 42 años de prisión tras reconocerse culpable de los hechos. La Audiencia Provincial le impuso seis años por cada uno de los dos delitos de abuso sexual continuado de los que se le acusaba y otros tres años por cada uno de los diez delitos de abusos sexuales que se le imputaban.
La persecución de los abusos a menores en el ámbito escolar conduce, sin embargo, en ocasiones a señalamientos injustos. En febrero de 2020, y en el plazo de apenas tres días, la Policía detenía en los colegios «Ciudad de Ceuta» y «Ramón y Cajal» a dos maestros de educación física acusados de violentar sexualmente a menores.
Más de medio millar de profesores se concentraban el 27 de febrero ante las puertas de la Delegación del Gobierno. Entre los docente se había instalado la convicción de que las detenciones de sus dos compañeros eran el resultado de denuncias inspiradas en intereses espurios.
Nueve meses más tare, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 ordenaba el archivo de la causa abierta contra el profesor del «Ciudad de Ceuta» acusado. El juez consideró que no existían indicios que permitieran mantener abierta la investigación.
Más tiempo hubo de esperar el docente del «Ramón y Cajal» para su exoneración. En junio el pasado año, la Audiencia Provincial decidía absolverle tras la presentación de los informes del fiscal, la acusación particular y la defensa. El tribunal argumentó falta de pruebas para condenar al acusado.
Abusos sobre menores extranjeros
La sociedad ceutí se convulsionaba en enero de este año cuando el exconsejero de la Ciudad Javier Guerrero era enviado a prisión preventiva por el juez que investigaba su presunta implicación en un caso de abusos a menores extranjeros tutelados por la Ciudad. Guerrero, un ciudadano hasta entonces de una reputación impecable y de reconocido prestigio como médico, acababa recluido por un oscuro caso que todavía se encuentra bajo investigación judicial.
La investigación se iniciaba tras la denuncia ante Fiscalía del Área de Menores de la Ciudad, tutora legal de los niños en el momento de los hechos. La Ciudad restringió el acceso del médico a las instalaciones de Menores como respuesta a su reticencia a cumplir con los protocolos. Los hechos que se atribuyen al exconsejero se produjeron en plena crisis migratoria de mayo de 2021.
Precisamente fue tras el estallido de esta crisis cuando Save the Children evidenció una turbia realidad. Las entrevistas que los activistas de la oenegé hicieron a niños y adolescentes extranjeros que habían llegado a Ceuta revelaban un dato aterrador: una cuarta parte de los entrevistados reconocía haber sido víctima de algún tipo de abuso, maltrato o violencia física en sus países de origen. En el caso de las niñas, los abusos sufridos incluían violencia de género, matrimonios forzosos y abusos sexuales en el ámbito familiar.
La crónica negra de los abusos a menores en estos últimos meses se cierra con una operación policial desarrollada por la Policía Nacional el pasado agosto. La «Operación Varsovia» detenía a cuatro personas por delitos contra la libertad e indemnidad sexual sobre menores. Según la investigación, los arrestados habrían mantenido relaciones sexuales con menores a sabiendas de su minoría de edad en reiteradas ocasiones, ofreciendo a los estos a cambio de sus favores sexuales dinero, ropa o regalos.
