Absueltos varios acusados de estafa procesal y falsedad documental

La Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta absuelve a los acusados en un complejo caso de estafa procesal y falsedad documental relacionado con la venta de una vivienda y una plaza de garaje

Juzgados
photo_camera Fachada juzgados / Archivo

En una resolución fechada el 22 de febrero de 2023, la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Cádiz, ubicada en Ceuta, ha emitido una sentencia que absuelve a los implicados en un caso marcado por la controversia en torno a la compra de una vivienda y una plaza de garaje. El proceso, iniciado por Brahim B. B. contra la empresa JOMASA, alegaba el incumplimiento en la entrega de las escrituras públicas correspondientes a una transacción inmobiliaria valorada en más de 310.000 euros.

El litigio se centró en la discrepancia sobre la cantidad pagada por el demandante, donde JOMASA, sucesora de CEUTAGRAN SL, reconocía solo haber recibido 248.148 euros, frente a los 310.340 euros reclamados por el comprador. La complejidad del caso se acentuó con la presentación de documentos y recibos cuya validez fue cuestionada durante el proceso.

La defensa presentó como evidencia contratos privados no firmados por representantes de CEUTAGRAN y recibos de pago en efectivo firmados por terceros, creando un escenario de disputa sobre la autenticidad y la fecha de dichos documentos. Un recibo unilateral de 2012, que contradecía las cifras mencionadas en una escritura pública de compraventa, sumó más dudas sobre la transparencia de las transacciones efectuadas.

La sentencia, fruto de un detallado análisis jurídico y de la evidencia presentada, concluyó en la absolución de Brahim B. B., Samir E. M. E., y Marcos A. B. de los cargos de estafa procesal y falsedad documental. La decisión subrayó la insuficiencia de pruebas para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados y cuestionó la tipificación de los hechos imputados.

El fallo fue apelado por la acusación particular, argumentando errores en la valoración de las pruebas y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, entre otros. Sin embargo, tras el análisis de los argumentos presentados y el respeto a las formalidades legales, la apelación fue desestimada, confirmando la absolución inicial y condenando a la acusación particular al pago de las costas por temeridad en su actuación procesal.