La sesión de este martes dejó una escena ya conocida en la política local: un problema que todos reconocen, recetas que no se encuentran y una propuesta que, pese a los apoyos parciales, terminó en vía muerta. Esta vez el foco volvió a ser la vivienda, ese tema que en Ceuta ya no se discute en abstracto, sino en cifras que aprietan. Un punto que llegaba como propuesta del PSOE en la sesión plenaria correspondiente al mes de diciembre.
Un informe para saber dónde estamos
El PSOE, con Sebastián Guerrero al frente, no pedía fijar mañana un tope al alquiler ni intervenir el mercado de golpe. Su planteamiento era más básico: encargar un informe por distritos que radiografiara precios y rentas para comprobar si Ceuta cumple los requisitos de la Ley 12/2023 de Vivienda. Con ese mapa en la mano, el siguiente paso sería pedir la declaración de zonas tensionadas allí donde procediera.
Guerrero lo explicó sin dramatismos, pero con un mensaje claro: “Ceuta tiene un severo problema de acceso a la vivienda”. Y tiró de datos que, más que debatirse, se sienten en la calle: jóvenes que apenas alcanzan un 20% de emancipación y que tendrían que destinar alrededor del 60% de su sueldo medio para comprar una casa. “Con estos datos, la Administración no puede quedarse de brazos cruzados”, dijo, reclamando “políticas valientes” y recordando que la ley ofrece incentivos fiscales a propietarios que bajen rentas o alquilen a jóvenes.
La respuesta del Gobierno: “el problema es que no hay viviendas”
El consejero Ramírez no se movió un milímetro del rechazo que el Gobierno ya mostró a la ley estatal. Y fue directo al punto que, según él, explica todo: en Ceuta no es que el alquiler esté caro porque sí; es que “no hay viviendas disponibles”. Lo poco que sale al mercado, aseguró, “se vende a precio de oro”.
Su receta se apoyó en tres pilares: liberar suelo —más de 71.000 m² vinculados a seis promociones y gestiones con Defensa por otros 140.000—, impulsar vivienda pública a través del plan de vivienda y mantener una fiscalidad muy baja para abaratar costes de construcción. Para Ramírez, la solución no pasa por “encajes de bolillos” con una norma “intervencionista”, sino por aumentar la oferta.
Apoyos con matices y advertencias
Entre ambos bloques, MDyC se inclinó por apoyar la propuesta socialista. Fatima Mohamed lo resumió con una frase que resonó en el salón: si el problema es grave, “es preferible tenerlo de antemano”. Eso sí, dejó una advertencia que apuntaba a todos: que no se convierta en otra declaración bonita “en el papel” pero sin efectos reales, como —recordó— ha ocurrido con otras medidas aprobadas.
El cruce final: “proyectos y anuncios, pero no ladrillos”
El tono subió cuando Guerrero acusó al Gobierno de no haber hecho “absolutamente nada” durante años y de avanzar a un ritmo desesperadamente lento en materia de vivienda. “Estamos en enero de 2026 y la realidad es esta… proyectos y anuncios, pero no ladrillos reales”, lanzó.
Ramírez respondió con otra cifra: más de 1.500 viviendas públicas construidas en las últimas dos décadas. Y cerró el debate con la frase que ya dejaba claro el desenlace: “No vamos a apoyarla”.
La propuesta no salió adelante.
