La empresa Bulyba SL, que hasta hace tres semanas era la que había ganado el concurso para hacerse con al gestión del hotel municipal Puerta de África, ha presentado un duro recurso de reposición ante el Consejo de Administración de la sociedad pública que ratificó la decisión de la Mesa de Contratación hace apenas 10 días de asumir el informe emitido por el interventor y el del técnico de la administración general para descabalgarles de la licitación y dar paso a la tercera oferta. Una decisión que en la práctica acerca la adjudicación al grupo hotelero Barceló.
Tal y como se ha venido contando, la empresa entiende que las causas con las que la Mesa de Contratación justifica su descarte se basan en un informe del interventor, José María Caminero, fundamentalmente, en el que consideran que se ha cometido una grave ilegalidad. Y avisa que además del propio interventor, José María Caminero, y del técnico, en caso de ratificar la decisión negando el recurso de reposición, pedirá responsabilidades penales también a los miembros del Consejo de Administración, con cuyo voto, ratifiquen la prevaricación, que entiende la empresa, ha plasmado en su informe el interventor.
“Hay una clara responsabilidad de los autores de los informes y de los consejeros que votaron a favor de excluir a Bulyba SL, al introducir nuevos requisitos en la licitación de manera sesgada, opaca y flagrantemente antijurídica con un fin perverso; que no es otro que Bulyba SL no formalice el contrato adjudicado por la mesa”, se lee en el recurso de reposición al que ha tenido acceso este medio.
Esta advertencia coloca al presidente de la Mesa de Contratación y del Consejo de Administración de la sociedad pública, Nicola Cecchi, y al resto de miembros del Consejo -prácticamente los mismos que los de la Mesa de Contratación- que tiene la última palabra sobre la adjudicación, entre la espada y la pared y eleva la presión sobre ellos de una forma sin precedentes.
El consejero de Comercio, Empleo, Turismo y Deportes, Nicola Cecchi, y el resto de miembros del Consejo de Administración de la sociedad pública ya no podrán escudarse en el informe firmado por el interventor, José María Caminero, ni tan siquiera en el del técnico. Bulyba les deja negro sobre blanco en el recurso de reposición que ese informe es contrario a la Ley y por tanto respaldarlo supondría vulnerarla a sabiendas.
Las razones de Bulyba
El recurso de reposición ante el Consejo de Administración presentado por el licitador esgrime prácticamente idénticos argumentos a los recogidos en el escrito dirigido a la Mesa la pasada semana en la que ya advertía que se habían vulnerado de forma “flagrante” sus derechos.
De forma muy resumida, Bulyba considera que el informe de Caminero del pasado 25 de junio se “saca de la manga” un nuevo criterio no recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, lo que modifica las condiciones del concurso generando indefensión a la empresa concursante. Y lo hace además sin tener capacidad legal para hacerlo y contraviniendo la Ley de Contratación del Sector Público.
Recuerda Bulyba que el licitador, esto es la empresa pública Puerta de África SA optó en los pliegos por usar dos de los tres criterios recogidos en esa Ley para que las empresas que se presentaran al concurso justificaran su solvencia financiera: O bien un volumen de negocios superior a los 2,5 millones anuales o bien un seguro de responsabilidad civil por valor de un millón de euros de póliza. Descartando la tercera opción, la ratio de las operaciones de la empresa concursante, algo que es precisamente a lo que acabó recurriendo el interventor para plasmar en su informe que Bulyba no cumplía con la solvencia.
Pero lo hizo además, según entiende la empresa, contraviniendo también para ello el Código de Comercio. Y es que la insolvencia que plasmó Caminero en su informe ni tan siquiera es sobre Bulyba, sino sobre una de sus filiales, Eventos del Revellín -cien por cien participada por la matriz Bulyba-.
El interventor en su informe no pone en duda que Bulyba pueda recurrir a la facturación de su filiar para justificar su volumen de negocio. Y tampoco pone en duda la solvencia de la propia matriz Bulyba. Esto es, el informe del interventor además de introducir un criterio nuevo para la justificación e la solvencia no recogido en los pliegos, retuerce la interpretación del mismo, dudado de la solvencia de una filial, pero no de la matriz -imposible en todo punto- para negar la solvencia de la empresa concursante. Algo que recuerda en el recurso la empresa al citar al propio Caminero:
“Esta solvencia, que puede ser acreditada por varias empresas, FUE ACREDITADA MEDIANTE LA ACUMULACIÓN DE LOS VOLUMENES DE NEGOCIO DE BULYBA Y EVENTOS DEL REVELLÍN SLU, de forma que ambas cifras de negocio ascendieron a 3.095.338,55 €”.
Pero no conforme con eso, el propio interventor acabó por “sacarse de la manga un motivo de infracción inexistente al incorporar un nuevo y distinto criterio de acreditación de la solvencia no previsto en los pliegos de cláusulas”.
Algo que, apuntala la empresa, el propio Caminero reconoció en su informe:
“Tiene razón al decir Bulyba que los pliegos no establecen la obligatoriedad de incluir las ratios y demás datos contables en la solvencia de Eventos”, citan textualmente uno de los informes emitidos por la Intervención.
Una afirmación que no le impidió añadir al concurso un nuevo requisito que no estaba en las reglas del juego que son los Pliegos que lo han de regir para acabar echando del concurso a quien, de llevar razón, había ya ganado con toda transparencia la licitación.
Es como si en el transcurso de un partido de fútbol el árbitro pitara penalti en contra del equipo que va ganando en el minuto 85 por una falta en el medio campo y arguyera que el reglamento le permite ponderar nuevas infracciones no recogidas en él.
“Ello es flagrantemente ilegal y genera indefensión y graves perjuicios a mi representada, que serán exigidas si así nos abocan a ello”, sentencia Bulyba en su recurso a la Mesa.
Más infracciones de Intervención
El recurso señala más irregularidades e infracciones del informe del interventor ya ratificado una vez por la propia Mesa de Contratación y por el Consejo de Administración. Considera Bulyba que no tienen autoridad ni el interventor ni el técnico para introducir en el concurso nuevos criterios no recogidos en los Pliegos ni en la Ley. Y que además lo hacen por la vía de la petición de aclaraciones sin permitir siquiera a la empresa que aporte documentos que acrediten esas aclaraciones, lo que le sirve para no tenerlas en cuenta.
Y es que la empresa para disipar cualquier duda sobre su solvencia, aclaró que la situación a la que se refería Intervención sobre su filial no era la que señalaba. Dado que las cuentas negativas de 2023 habían sido respaldadas con la conversión de la deuda que mantenía con la matriz en aportación de capital en agosto de 2024.
Para entenderlo alcanzaría con imaginar la siguiente situación. Una potente cadena de grandes almacenes crea una filial cien por cien participada para desarrollar la venta de viajes. Insufla dinero a modo de préstamo en esa filial para la apertura de nuevos establecimientos y a pesar de que la facturación va bien, durante dos años la devolución a la matriz de esos préstamos acaba por arrojar un resultado negativo en la filial. Como la matriz va bien, decide convertir esos préstamos en aportación de capital para borrar del balance la deuda y permitir a la filial desempeñarse sin esa losa.
Caminero obvia todo eso para introducir criterios de ratio no recogidos en el Pliego. De forma de nuevo contraria a la legalidad, como entiende Bulyba, que le recuerda al Consejo de Administración, que no sólo descartó la tercera opción que permitía la Ley, la de las ratios en el balance, para la acreditación de la solvencia, al no recogerla en los pliegos que rigen el concurso, sino que además la propia Ley establece que: “La ratio entre activo y pasivo podrá tenerse en cuenta si el poder adjudicador especifica en los pliegos de la contratación los métodos y criterios que se utilizarán para valorar este dato. Estos métodos y criterios deberán ser transparentes, objetivos y no discriminatorios”, cita el recurso la Ley.
Como la sociedad pública no optó por este criterio de acreditación de solvencia esos criterios no existen en los pliegos. Con lo cuál el interventor podría haber decidido, “de forma subjetiva”, tal y como entiende Bulyba que lo ha hecho, que cualquier ratio que tuviera la empresa filial podría haber servido para echarlos del concurso.
Y de nuevo avisa la empresa de su disposición a explorar cuántas vías judiciales pueda para hacer valer sus derechos, citando la jurisprudencia del Tribunal de la Jurisdicción de la Unión Europea.
Alfombra roja a Barceló
La decisión que Bulyba considera antijurídica tendría básicamente una consecuencia, la de alfombrar la llegada de la peor de las 4 ofertas presentadas. La primera, la de Heracles Gaming, además de dar lugar a una profunda polémica por los supuestos vínculos entre el representante del PSOE en el Consejo de Administración y la propia empresa, fue rechazada por un “alza temeraria”. Lo que dio paso a adjudicar, ya en febrero, a la segunda oferta la gestión, la de Bulyba. Para acto seguido emponzoñar el desarrollo de la licitación con la petición de informes extras sobre su capacidad para hacerse cargo de esa gestión.
La exclusión con la introducción de un nuevo criterio no recogido en los pliegos da paso a la tercera oferta, la de Hotelías. La persona que está detrás de esta oferta tiene un largo historial de polémicas y causas judiciales abiertas por negocios con criptomonedas ajenos a la gestión hotelera. Lo que hace prever que con cierta celeridad la Mesa podría descartarla y dar paso a la última de las 4 ofertas presentadas, la del grupo hotelero Barceló.
Representantes de esta empresa fueron recibidos antes incluso de la publicación de la licitación de visita en la Ciudad y agasajados por responsables de Turismo, que les hicieron una visita guiada al hotel.
Así las cosas, Bulyba pide que se atienda su recurso, se proceda a anular la anterior decisión de la Mesa y del Consejo y se ratifique la adjudicación a su oferta de la gestión del hotel, emplazándola a firmar el contrato, que entiende que ha ganado lícitamente.
