La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha hecho público un comunicado en el que critica la burocratización que introduce el nuevo sistema de ayudas a las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social aprobado este martes por el Consejo de Ministros para Ceuta y Melilla.
El Gobierno central ha dado luz verde a un real decreto que crea un sistema de subvenciones destinado a compensar la reducción en las bonificaciones que podría traer consigo la entrada en vigor el próximo 1 de septiembre de la «Ley de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas». La nueva norma sustituye este porcentaje del 50%, aplicable en los territorios de Ceuta y Melilla, por una cantidad fija de 262 euros vinculada a la formación y la contratación indefinida.
Los empresarios subrayan que el nuevo sistema deroga el anterior, que suponía la liquidación mensual y automática de los seguros sociales con la bonificación directa del 50%. «A partir de ahora, una empresa deberá liquidar los seguros sociales todos los meses aplicando tan sólo 262 euros por trabajador indefinido a jornada completa, estando obligada, además, a proporcionarle una formación de 20 horas dentro de los planes estatales de formación», se queja la organización empresarial.
CECE lamenta que el resto del importe de la bonificación, hasta alcanzar el 50% de los seguros sociales, deberá pagarse y solicitarse al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al año siguiente mediante una subvención cuya tramitación no escapará a la burocracia: tres meses de plazo de solicitud y tres de espera a que la administración conteste.
«El hecho de no ser una bonificación automática sino que las empresas deban realizar una serie de gestiones y trámites añadidos si se quiere optar a la subvención por dicho coste, supondrá un aumento de la burocracia y de los trámites administrativos para las empresas», sostiene CECE.
Las empresas se quejan, además, de que las ayudas previstas en el nuevo real decreto excluyen a todos los trabajadores contratados temporales, incluidos los contratos de sustitución y los suscritos para cubrir una tarea ocasional.
«Deja de ser una bonificación y se convierte en una subvención directa que se solicita a año vencido, es decir, que la empresa debe soportar ese coste durante un año, y al año siguiente solicitar al SEPE su abono», evidencia la organización empresarial, que subraya cómo, de este modo, las empresas tendrán que beneficiar por sí mismas esos costes durante el ejercicio. Esos costes, si son finalmente subvencionados, se abonarían un año más tarde y en un plazo de tres meses.
CECE también cuestiona el hecho de que estas ayudas tengan una vigencia que concluirá en 2026, algo que, señalan los empresarios, introduce un carácter excepcional que no responde a la consolidación de un régimen fiscal especial como característica permanente de la economía ceutí.
