La nueva ley que regula la concesión de bonificaciones sobre las cuotas de la patronal a la Seguridad Social mantiene la incertidumbre sobre la actividad de las empresas y las retribuciones de los trabajadores. La Mesa de Diálogo Social, que incluye a representantes de la Ciudad y las organizaciones empresariales y sindicales, se ha reunido este miércoles de nuevo para reclamar una salida al contencioso que, a propósito de la entrada en vigor de la nueva norma, que elimina la bonificación lineal existente hasta ahora en Ceuta y Melilla, se ha abierto entre el Gobierno central y los agentes económicos y sociales de la ciudad.
El origen del conflicto se encuentra en la entrada en vigor el pasado día 1 de la «Ley de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas». Esta norma ha sustituido a las bonificaciones del 50% sobre las cuotas empresariales a la Seguridad Social, aplicables en los territorios de Ceuta y Melilla, por una cantidad fija de 262 euros vinculada a la formación y la contratación indefinida. El Gobierno central aprobó el 18 de julio una serie de ayudas directas a los empresarios para compensar las posibles pérdidas que el nuevo modelo pudiera ocasionar a los empresarios. La patronal y los sindicatos ceutíes sostienen que el nuevo modelo perjudica a empresas y trabajadores, aunque siguen insistiendo en que no disponen de datos oficiales suficientes para hacer una estimación precisa.
Precisamente, la de determinar con mayor rigor los efectos que la entrada en vigor del nuevo modelo tendrá en la actividad de las empresas será la labor que la Mesa de Diálogo Social ha encomendado hoy a una futura comisión técnica, foro en el que estarán representados la Ciudad, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios (CECE) y los sindicatos UGT y CCOO. Sus conclusiones y propuestas serán remitidas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
«Se trata de elaborar una hoja de ruta para ver cómo podemos llegar a acabar con esta nueva bonificación que no es la deseable: lo ideal es mantener la bonificación del 50%, que era lo que teníamos hasta ahora», ha asegurado la presidenta De CECE, Arantxa Campos, a la salida de la reunión de la Mesa.
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha vinculado la estabilidad del Régimen Económico y Fiscal al mantenimiento del anterior sistema de bonificaciones a los empresarios. «Se trata de un asunto de capital importancia por ser este sistema de bonificaciones uno de los pilares del Régimen Económico y Fiscal Especial, un logro que ha tenido un efecto muy positivo en la creación y mantenimiento del empleo y que beneficia tanto a las empresas como a sus trabajadores», mantiene Vivas.
Reparto: el plus de vinculación
Una de las cuestiones que queda en el aire es la de cómo la nueva ley afectará a la repercusión de las bonificaciones en las percepciones salariales de los trabajadores. En la actualidad, y en virtud de un acuerdo suscrito en 2012 entre empresarios y sindicatos, esa repercusión se establecía a través de un plus que garantizaba un incremento de los salarios del 8%. La patronal sostiene ahora que, con el nuevo modelo de bonificaciones, el acuerdo queda «suspendido». «El plus se va a pagar a todos los contratos anteriores al 1 de septiembre; lo que suceda a partir del 1 de septiembre es justo materia que se decidirá en la comisión que se va a crear», ha puntualizado el presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix.
Retroactividad
UGT y CCOO han confesado sus dudas acerca de si el nuevo modelo será solo de aplicación a las contrataciones que se formalicen desde la entrada en vigor el pasado día 1 de la ley. El secretario general de UGT, Juan Carlos Pérez, ha planteado esta cuestión ante los periodistas, argumento que ha refrendado su homólogo de CCOO, Emilio Postigo. «No hay certeza plena de que la nueva norma afecte a todos los contratos en general o solo a los que se hacen a partid del día 1, que serían cosas muy distintas», ha señalado Pérez.
Estas dudas, sin embargo, no alcanzan ni a la Cámara de Comercio ni a la CECE. Las organizaciones empresariales aseguran que la nueva ley solo será aplicable a las contrataciones formalizadas a partir de su entrada en vigor.
