Ceuta se enfrenta a una grave crisis del alquiler que afecta a la mayoría de los ciudadanos de la ciudad. La escasez de suelo, la dejadez institucional y la desigualdad social han contribuido a crear esta situación, que se ha agravado aún más por la inflación.
Los datos hablan por sí solos:
- Los ceutíes destinan de media un 49,4% de su sueldo a pagar el alquiler, dato que se agrava al 56,67% si tenemos en cuenta el salario más habitual en Ceuta
- El sueldo medio es de 1.700 euros mensuales, pagas extras incluidas, frente a los 11,6 euros del metro cuadrado de alquiler, lo que hace que el precio medio de la vivienda se sitúe en los 840 euros
Esta situación está teniendo un impacto negativo en la vida de los inquilinos de Ceuta. Muchos se ven obligados a destinar una gran parte de sus ingresos al alquiler, lo que les limita su capacidad de ahorro y les dificulta la posibilidad de comprar una vivienda.
No se puede obviar en un análisis serio que el territorio del que disponemos es limitado, pero la dejadez institucional, por omisión o por acción, es palmaria: la Ciudad Autónoma de Ceuta destina un 0,4% del Presupuesto de 2023 en ayudas al alquiler frente a la media española del resto de Comunidades Autónomas, del 2,5%. Se podría argumentar que es una comparación desacertada debido al diferente encaje competencial, pero si miramos a nuestros vecinos del Estrecho de Gibraltar el sonrojo sigue reflejando una inacción difícil de sostener: Algeciras destina el 0,8% y La Línea de la Concepción el 0,6% del dinero público recibido a ayudas e incentivos al alquiler, excluido el dinero de los Presupuestos Generales de Estado, con una situación mucho menos tensionada que la de la orilla africana.
La Ley 12/2023, de 26 de mayo, por el derecho a la vivienda, que entró en vigor el 1 de julio de 2023, ha dotado a la Ciudad de mecanismos de acción que no se han utilizado. No se encuentra, salvo mejor opinión, un distrito que no pueda ser considerado zona tensionada donde se hayan podido regular los precios del alquiler y tampoco hay una explicación gubernamental del Gobierno autonómico sobre los motivos para no hacerlo. Hay que recordar que la inflación acumulada de enero de 2021 a 2023 es del 12,3% lo que estresa más si cabe la situación financiera de los inquilinos.
No es difícil encontrar testimonios de nuestros vecinos sobre jóvenes que han vuelto a vivir con sus padres, personas en un proceso de divorcio obligadas a mantener una convivencia conflictiva ante la imposibilidad de encontrar un techo donde dormir o familias a las que no pueden comprar vivienda y el estrés del gasto destinado al alquiler les hurta posibilidad de ahorrar para su futura casa. Además, si bien Ceuta no está viviendo el peso de los alquileres turísticos como en otras ciudades de Europa, compensa este hecho con una importante presencia de personal funcionario cuyas retribuciones son altas y cuya estancia en la Ciudad no representa un proyecto de vida, lo que empuja hacia arriba el IPC del alquiler sin un plan de futuro para Ceuta.
Para la correcta aplicación del derecho a la vivienda recogido en el artículo 43 de nuestra Constitución es necesaria la aplicación por las Administraciones Públicas de medidas urgentes como son la construcción de vivienda social y la liberalización de suelo, la regulación del alquiler con los instrumentos legales disponibles y aumentar las ayudas e incentivos al alquiler que hagan atractivo ser arrendatario y accesible ser arrendador.
