En días recientes, la prensa local se ha visto envuelta en una polémica generada por la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) respecto a las funciones de la Guardia Civil en la frontera. La crítica se centra en el despliegue de recursos de la Benemérita para el control minucioso de productos agrícolas, especialmente el traslado de verduras. Este señalamiento fue retomado por el MDyC, que acusó a la Delegación de Gobierno de "criminalizar a los ceutíes por traer 4 tomates".
Es innegable que el control de los productos que cruzan nuestras fronteras es una obligación de los organismos encargados de velar por la seguridad y la legalidad, en este caso, la Guardia Civil. Sin embargo, el epicentro de la controversia reside en la aparente escasez de recursos destinados a esta tarea, subrayando la inacción política de la Plaza de los Reyes. Esta situación arroja luz sobre la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno central, y se suma a la creciente lista de promesas incumplidas que han erosionado su credibilidad.
La discusión sobre la aduana se convierte así en una cortina de humo, eclipsando la crisis de inactividad que caracteriza a la Delegación del Gobierno. La representación gubernamental acumula una serie de compromisos sin cumplir, desgastando su credibilidad y respondiendo solo con evasivas y un argumentario desgastado. La falta de determinación del delegado para abordar las acciones y omisiones del Gobierno en relación con Ceuta, así como para comunicar las necesidades de la ciudad, plantea interrogantes sobre si esta actitud es fruto de una pasividad voluntaria o de una incapacidad manifiesta.
Un caso ilustrativo es el tema de las bonificaciones a la Seguridad Social, previamente abordado por este medio. La falta de explicaciones sobre el cambio de posición respecto a su entrada en vigor, así como la ausencia de una escucha activa para captar el consenso entre patronal y sindicatos sobre el nuevo sistema, reflejan una tendencia de la Delegación a hacer oídos sordos a las demandas locales. No pretendiendo elaborar un índice detallado de casos, la situación en la aduana comercial no difiere significativamente.
La polémica en torno a la aduana y el control de productos agrícolas no hace más que evidenciar una crisis más profunda: la falta de acción y de respuestas concretas por parte de la Delegación del Gobierno. La investidura de Pedro Sánchez se presenta como una oportunidad para conocer si tras esta parálisis había una voluntad de inacción por la posibilidad cierta de la repetición electoral o se esconde una incapacidad política que Madrid tendrá que rectificar. Los ciudadanos de Ceuta esperaremos, con cierta dosis de escepticismo, que la votación del Congreso traiga consigo un cambio tangible en la actitud de la Delegación del Gobierno. La ciudadanía no solo requiere soluciones inmediatas, sino también un compromiso real y una comunicación transparente que restablezca la confianza perdida.
